Un interesante y bien documentado reportaje en un medio escrito de este miércoles puso al descubierto el historial delincuencial del colombiano Alfonso “El turco” Hilsaca a quien el alcalde capitalino Nayib Bukele, el edil de Apopa, Elías Hernández y la exalcaldesa interina de Santa Tecla Judith Figueroa de Hernández, otorgaron contratos de iluminación por valor por casi 50 millones de dólares.
‘El Turco’, reconocido en la Costa colombiana por controlar contratos de obras públicas y financiar polémicas campañas electorales, no ha podido desvanecer cargos en su contra por el asesinato de del comerciante John Edinson Ovallos, ocurrido el 21 de agosto del 2009, cuando atendía su negocio en el barrio Nelson Mandela de Cartagena.
Operaciones y contratos similares a los firmados por la alcaldía de San Salvador, Apopa y Santa Tecla, fueron cuestionados en el Ecuador, Bolivia y Chile.
La Fiscalía de Colombia ha instruido sendos expedientes de investigación criminal sobre “El turco” Hilsica entre los que figuran asesinatos, extorsiones, estafa y financiamiento de organizaciones terroristas.
Según la Fiscalía colombiana Hilsaca entregaba a la banda ‘Rastrojos Costeños’ 100 millones de pesos anuales para el sostenimiento de los hombres de la red.
El ‘Turco’, hijo de inmigrantes libaneses, estaría involucrado con políticos de la costa que habrían financiado actividades ilegales.
El proceso contra el ‘Turco Hilsaca’, por nexos con grupos paramilitares, fue cerrado el 11 de marzo del 2010 por duda probatoria. La investigación se había iniciado por las declaraciones que en su momento dio el exjefe paramilitar Úber Enrique Banquez, alias ‘Juancho Dique’, y de otros desmovilizados, que lo señalaban como colaborador del bloque Héroes de los Montes de María de las Auc.
En el expediente, además, están las conversaciones halladas en el computador del exjefe paramilitar ‘Jorge 40’ y en el iPod de Salvatore Mancuso, en donde supuestamente se habla de las relaciones políticas y económicas que tenían con Hilsaca.
El ‘Turco’ también estuvo vinculado con la destitución y condena de un fiscal de Justicia y Paz por tratar de extorsionarlo por 500 millones de pesos, utilizando la versión de un exparamilitar.
Por otra parte, ha trascendido que ninguna de las alcaldías mencionadas en los casos de El Salvador, realizaron investigaciones sobre el impacto ambiental que produce la iluminación con técnicas Led así como con las determinaciones de la ley Lacap.