Especial: Régimen de excepción se refleja en asesinatos a la baja

La Asamblea Legislativa aprobó el 14 de diciembre de 2022 la novena prórroga del régimen que estará vigente hasta el 16 de enero

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El gobierno de la República y diputados, oficialistas y los serviles a la Administración actual, adelantaron que se mantendrá en 2023 la estrategia de régimen de excepción, la Fase V del Plan de Control Territorial.

Las sucesivas prórrogas para combatir a las maras o pandillas que hay en el país son reflejadas en las cifras a la baja de homicidios.

“Vamos a pedir nuevas prorrogas del régimen de excepción, aunque a unos pocos les incomoda», advirtió el miércoles en un programa televisado el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. «El régimen representa la presencia del Estado en las comunidades que sienten la protección”, aseguró.

El funcionario indicó que 2022 se cerró con un registro de 495 homicidios, asegurando que es la cifra más baja de las últimas décadas. No obstante, las cifras oficiales hasta el 26 de diciembre de 2022 registraban un recuento mayor -609 homicidios – al que fue comunicado el miércoles.

El funcionario destacó que el 65 % fueron cometidos durante los tres primeros meses del año, cuando no había régimen de excepción. El 35 % restante fueron perpetrados en los nueve meses posteriores a que el presidente Nayib Bukele decretara en marzo un estado de excepción -que ha sido prorrogado en nueve ocasiones- como respuesta a un 26 de marzo especialmente sangriento que registró 62 asesinatos en un día.

El 2023 al parecer mantendrá el paso de bajar los índices alcanzados en el año precedente, el cual concluyó con 176 días sin víctimas, de ellos 168 bajo el régimen de excepción aplicado en marzo y que suspendió varias garantías constitucionales.

El mes de diciembre se posicionó como el de menos fallecidos a causa de la violencia de las maras con 22 jornadas sin registrar muertes, lo que lo colocó por encima de octubre y noviembre que acumularon cero decesos durante 20 jornadas.

Mientras tanto, el gobierno mantiene la aplicación de la Fase V del Plan de Control Territorial en las comunidades de Soyapango, Tutunichapa y La Granjita, donde el número de pandilleros y presuntos colaboradores detenidos se acerca al millar, según datos de la PNC.

El Congreso aprobó el 14 de diciembre de 2022 la novena prórroga del régimen que estará vigente hasta el 16 de enero.

La política represiva contras las pandillas ha sido duramente cuestionada y criticada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos por violaciones y abuso a los derechos humanos, sin embargo goza de un apoyo superior al 90% de la población salvadoreña.

Los detenidos por estar relacionados con las pandillas perdieron el derecho a ser informados del motivo de su detención, a ser asistidos por un abogado y el plazo de detención administrativa pasó de 72 horas a 15 días. También se suspendió el derecho de asociación y se permitió a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes se consideran sospechosos.

Según la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 2,100 personas han sido liberadas durante el régimen de excepción por no tener vínculos con las bandas criminales. Para enero se espera un plan de verificación sobre la situación de los presos en las cárceles, que tendrá el acompañamiento de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Según las cifras oficiales, El Salvador registró una tasa homicida de 7,8 por cada 100,000 habitantes en 2022. Esa estadística tampoco coincide con la oficial ofrecida al 26 de diciembre, que hablaba de una tasa del 9.9 por cada 100,000 habitantes, tal como recogieron medios informativos.