Especial del Wall Street Journal: La economía de mercado de El Salvador, bajo asedio

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Por Mary Anastasia O´Grady

Al presidente Barack Obama le gusta dar sermones a los estadounidenses diciéndoles que “la Guerra Fría se acabó”. El mandatario, no obstante, es incapaz de reconocer que el totalitarismo de estilo soviético sigue existiendo en Cuba, o que la ambición de emularlo está vivita y coleando en otras partes del Hemisferio Occidental.

En ocasiones, como en el caso de El Salvador, Estados Unidos incluso apuntala a estos actores antidemocráticos. Desde 2009, ese país centroamericano ha sido gobernado por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), un ex grupo guerrillero que supo ser respaldado por la Unión Soviética.

A fines de los años 90, El Salvador implementó una serie de reformas que transformaron su economía en la segunda más libre de la región después de la de Chile. El FMLN ha borrado muchos de estos cambios y El Salvador corre el riesgo de volverse una segunda Venezuela, con persecuciones políticas y una economía controlada por el Estado. De todos modos, el equipo de Obama le ha otorgado al país cientos de millones de dólares en asistencia bilateral.

El capítulo más reciente en el esfuerzo del FMLN por acaparar el poder es la decisión del gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, un ex líder guerrillero durante una sangrienta insurgencia marxista en los años 80, de socavar la independencia de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) al intentar instalar en su liderazgo al candidato predilecto del FMLN. Esta semana se realizará una votación para elegir el próximo líder del organismo.

Este es un momento crucial no solamente para El Salvador, sino para la estabilidad centroamericana. El Salvador es parte del “Triángulo del Norte”, donde la delincuencia organizada financiada por los consumidores de droga estadounidenses ha llevado la violencia a extremos intolerables y ha desatado la emigración. Si el país se transforma en una copia de Venezuela, la situación empeorará.

ANEP agrupa a unas 50 organizaciones empresariales de sectores como las ventas minoristas, la banca, la agricultura, el transporte, los servicios y el comercio. También es uno de los pocos entes independientes capaces de desafiar la corrupción institucional del gobierno del FMLN y su mal manejo de la economía.

El gobierno del FMLN está en bancarrota. Quiere nacionalizar el sistema privatizado de pensiones para confiscar US$8.500 millones de propiedad privada. ANEP trabaja en forma activa para evitar este atraco. Roberto Lorenzana, el secretario técnico y de planificación de la presidencia, (una especie de jefe de gabinete), amenazó que si no se aprueba la nacionalización, el plan B es dejar de usar el dólar estadounidense como divisa de curso legal y volver a imprimir moneda local.

Luis Cardenal, secretario de ANEP e integrante de su junta directiva, cuyos miembros trabajan en forma voluntaria, es la elección lógica para ser el próximo presidente de ANEP. Se espera que Cardenal, quien además es ex presidente de la Cámara de Comercio e Industria, preserve la independencia política del organismo.

No obstante, el vicepresidente salvadoreño, Óscar Ortiz, y el resto de los miembros del gobierno han apoyado a Carlos Guerrero, ex presidente de la cámara de la industria de la construcción. Mi reporteo indica que el gobierno podría estar ofreciendo favores a cambio de votos por Guerrero. El presidente de ANEP, Jorge Daboub, exigió en Twitter que el gobierno “deje de meterse” en la elección. “Nuestra institución y nuestros principios no están a la venta”, escribió. En una entrevista publicada recientemente en elsalvador.com, Guerrero negó ser el candidato del gobierno.

El aspirante tiene otros detractores. Fue ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales del gobierno del partido de centro derecha Arena, encabezado por Antonio Saca, que estuvo en el poder entre diciembre de 2006 y junio de 2009. Durante su gestión, Guerrero se ganó una reputación entre los inversionistas que se podría caracterizar como “menos que favorable”.

El caso de Pacific Rim Mining Corp. es ilustrativo. La empresa invirtió alrededor de US$77 millones a partir de 2002 en la mina de oro cerrada El Dorado, cerca de la frontera con Honduras, con miras a reanudar sus operaciones. Para 2007, Pacific Rim Mining había superado todos los obstáculos regulatorios gracias a un planteo que superaba todos los estándares medioambientales y de seguridad. El gobierno de Saca jamás desmintió esto, pero se negó a otorgar el permiso necesario para empezar a extraer oro.

Hace unos días, le consulté vía email al entonces presidente ejecutivo de Pacific Rim, Thomas Shrake, sobre el papel que jugó Guerrero. “Supervisó la expropiación de cada concesión minera en el país”, respondió al día siguiente. “El costo de esta decisión fue la pérdida de empleos locales y la casi destrucción de la imagen de El Salvador como un lugar para la inversión extranjera”. Añadió que los esfuerzos de Guerrero “degradaron el sistema salvadoreño de libre empresa y ayudaron a destruir el crecimiento económico que se había logrado antes de su paso por el ministerio. Guerrero sería una mala elección para encabezar ANEP”. Nuevamente, Guerrero no respondió a solicitudes de comentario.

El gobierno del FMLN también se negó a emitir el permiso sin aducir razón alguna. Pacific Rim solicitó en 2009 el arbitraje del Centro Internacional para Resolución de Disputas de Inversiones, una entidad del Banco Mundial en Washington. El caso se revisó en septiembre de 2014 y aún no hay un fallo. Saca ha sido expulsado de Arena en medio de acusaciones de corrupción y su pequeño partido Gana a menudo vota con el FMLN en el Congreso.

Tal vez no es de extrañar que el FMLN respalde a Guerrero para asumir la presidencia de ANEP. No obstante, ese apoyo y los antecedentes del candidato sugieren que si los miembros de ANEP sucumben a la presión, la independencia de la organización, y con ella el futuro de la libertad económica y la democracia salvadoreñas, están en peligro.