Por Eduardo Vázquez Bécker.-
La elección del nuevo Fiscal General preocupa a sectores de derecha, de izquierda, a las pandillas y al crimen organizado.
La Asamblea Legislativa inició a partir del pasado jueves el proceso de elección del Fiscal General de la República para el ejercicio que comienza el 4 de diciembre del 2015-2018. En la plenaria del jueves los diputados escucharon la convocatoria para aquello profesionales que deseen optar por la titularidad del Ministerio Público pero no manifestaron sus preferencias por ningún candidato.
Después de la convocatoria, la Asamblea dispone de 60 días para realizar la elección.
Hasta el momento no hay candidaturas pero se asegura entre quienes podrían aspirar al cargo figuran los abogados Manuel Chacón, Astor Escalante, Julio Valdivieso, Paula Velásquez y Nelson García. El actual Fiscal, Luís Martínez, ha manifestado su intención de buscar la reelección en el cargo.
Al Fiscal Martínez le ha tocado hacer frente a casos emblemáticos que involucraron inclusive a un ex presidente y amenaza a otro con el asunto del Chaparral.
Según se menciona, las fuerzas políticas de izquierda estarían considerando un arreglo mediante el cual el actual Director de la Academia de Seguridad Pública, Jaime Martínez, caso la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, aceptaría ir como magistrado suplente de la licenciada Paula Velásquez quien posteriormente solicitaría permiso a la CSJ para correr por la Fiscalía General. De esa manera su suplente se convertiría en magistrado de la Corte Suprema de Justicia sin mayor esfuerzo.
El Fiscal Martínez, quien se ha caracterizado por su lucha frontal contra los pandilleros y el crimen organizado, se opuso desde el inicio de su gestión al pacto del gobierno con las pandillas que les otorgó prebendas y concesiones que los fortaleció al grado que fue necesario declararlos como terroristas para facilitar la aplicación de la ley y evitar que sigan creciendo como pandillas.
Entre sus principales detractores y que se oponen a que Martínez continúe al frente del Ministerio Público, se consideran al actual ministro de la Defensa, general David Munguía Payés y el mismo ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, con quienes ha sostenido diferentes enfrentamientos referidos al problema de la seguridad en el país.
Hay quienes aseguran que entre los detractores del Fiscal, que se oponen a que este sea reelecto, también se encuentran personas señaladas por su involucramiento en la famosa “tregua” de las pandillas cuyo proyecto es atribuido al ex presidente Funes con el respaldo de David Munguía Payés, mientras desempeñaba el cargo de ministro de Justicia y Seguridad, acompañado del vicario castrense, de las autoridades penitenciarias y otros colaboradores como el ex comandante guerrillero Raúl Mijangos. Estos definitivamente no querrán que Luis Martínez sea reelecto Fiscal General de la República.
De continuar en el cargo, si es reelecto, Martínez tendría que hacer frente a otras tareas de trascendencia histórica, una originada por una petición de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía que tarde o temprano debe resolver la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y otra, deshacer el nudo en el que se ha convertido el caso del Chaparral.
Lo que resuelva la Sala sobre el caso de la Amnistía es tan complejo que a la fecha los magistrados se encuentran revisando una tercera versión del fallo y posiblemente deban hacerlo con una cuarta.
Respecto del Chaparral, el Fiscal deberá investigar hasta sus extremos lo que ha ocurrido y quiénes participaron en ese fraude en el que finalmente Mauricio Funes decidió obsequiarles una “bonificación” de más de cien millones de dólares para que no demandaran al país.
Martínez tendrá que luchar, si es que quiere ser reelecto Fiscal General de la República, contra pequeños pero poderosos sectores de derecha y de izquierda que no comprenden la función constitucional del fiscal y que desearían un fiscal a sus órdenes; a grupos, también pequeños pero bulliciosos, de activistas sociales que se sienten amenazados por la decisión imparcial del Fiscal y finalmente, por lo que Antonio Morales Carbonell llamara durante el conflicto armado “El quinto frente Pedro Pablo Castillo” cuyas técnicas de organización están siendo utilizadas ahora por las pandillas.
