El IAIP abre proceso contra la diputada Ana Vilma de Escobar

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El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) abrió un proceso sancionatorio contra la diputada Ana Vilma Albanés de Escobar y su abogado, Lisandro Quintanilla Navarro, bajo la excusa de “el presunto sometimiento de la infracción muy grave, contemplada en el Art. 76 letra “b” de la LAIP (Ley de Acceso a la Información Pública) consistente en divulgar información confidencial”.

La diputada de Escobar y su abogado presentaron como prueba ante un juzgado, no de manera pública, contra el secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, quien es acusado de Difamación, informes de auditoría a FECEPE que están supuestamente estarían reservados por BANDESAL y protegidos por el secreto fiduciario.

La reconocida abogada izquierdista, Bertha María Deleón, quien se destaca por su labor contra cualquier critico al oficialismo del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN), se presentó al IAIP la semana pasada como ‘tercera interesada’ en el caso y señaló que “no se explica cómo es que la diputada y su abogado presentaron como prueba en un juzgado unos documentos que están clasificados por BANDESAL como confidencial, es decir que nadie tiene acceso a ellos”.

Los comisionados del IAIP, que en todo proceso contra funcionarios del Ejecutivo les absuelven casi de inmediato, en su resolución piden que la diputada y su abogado rindan informe al IAIP y para eso tienen siete días hábiles, para ofrecer los medios probatorios por los que fundamentan su defensa y expliquen cómo obtuvieron la información. Los funcionarios del Instituto no tienen autoridad alguna en el ámbito judicial, según abogados consultados.

Además, pidieron a la presidenta de BANDESAL que remita una copia certificada de toda la documentación sobre las auditorías en los próximos tres días hábiles. El Tribunal Primero de Sentencia de San Salvador también fue notificado de la existencia de este procedimiento que se lleva a cabo en el IAIP.

La diputada de Escobar ha sido bloqueada y negada de recibir documentos oficiales en resguardo del Ejecutivo y que prueban su actuar ante el FECEPE durante su administración, de la cual goza de las solvencias que demanda la ley.

Por su parte, el secretario de Transparencia, Marcos Rodríguez, ha llegado a esgrimir hasta un boleto ganado en una rifa para salir del país a su conveniencia, atrasando el proceso y rehuyendo a las audiencias que el juez a cargo de la causa programa.

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