El escritor salvadoreño Jorge Galán, que vive actualmente en Granada tras exiliarse de El Salvador, ante supuestas amenazas de muerte, dice haber aportado recientemente pruebas clave para el caso del asesinato en 1989 de cinco sacerdotes jesuitas españoles, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría, un asunto que investiga el juez de la Audiencia Nacional española (AN) Eloy Velasco.
Concretamente, según dijo Galán en una entrevista con la agencia Europa Press, entregó al magistrado la grabación de la entrevista que hizo al expresidente Alfredo Cristiani, en la que éste señala a los culpables del asesinato de los jesuitas, los miembros de la cúpula del estado mayor, además de otros militares. Las declaraciones se encontrarían en una grabación que realizó mientras escribía una novela, que trata sobre lo ocurrido y que se publicará en España el próximo otoño.
Se trata de la “primera vez que un testimonio de una voz autorizada del Gobierno” responsabiliza a los autores intelectuales del crimen, según dice Galán, que también dice haber tenido que salir huyendo del país al poner a la venta su novela en México y Centroamérica.
El pasado mes de marzo, el Consejo de Ministros de España, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobó solicitar la extradición de cuatro militares de El Salvador involucrados en 1989 en el asesinato de los cinco sacerdotes españoles –además de Ellacuría; Segundo Montes e Ignacio Martín Baró; Amando López y José Ramón Moreno–. Sin embargo, la Corte Suprema de El Salvador ha denegado anteriormente esa pretensión y ahora tiene pendiente una nueva resolución, que muy probablemente no permitirá la extradición por ser ilegal y extemporánea.
Galán, quien fuera militante en la causa armada del Frente Farabundo para la Liberación Nacional (FMLN) (ex guerrilla), considera que la Corte Suprema “se está poniendo del lado de la impunidad, actuando de forma cómplice con los asesinos”. “Es una muestra más de que El Salvador es un estado fallido en el que las instituciones sirven al interés de los poderosos. Somos uno de los países más violentos del mundo, una sociedad que sufre y sangra a diario. La Corte Suprema es el reflejo de todo esto pero no pierdo la esperanza de que se pongan del lado de la verdad y puedan ayudar a recomponer el país en el futuro”, sostiene.
Galán, que afirma haber entrevistado a algunos de los testigos y protagonistas de aquel momento histórico en el país, en plena ofensiva durante la agresión comunista que asoló el país de 1980 a 1992, está a la espera de recibir una respuesta del Gobierno español sobre su petición de asilo político. Por ahora, vive entre Granada y Madrid y teme que no esté cerca su regreso.
Consciente de que “ahora es muy complicado” su vuelta a El Salvador, cree que “el odio que mató a los jesuitas y a Monseñor Romero sigue corriendo por las venas de demasiada gente”.
Preguntado por si tiene ahora más miedo que antes, tras la supuesta aportación de las pruebas de las que dispone a la Audiencia Nacional, respondió: “Mi situación ha empeorado mucho. Digamos que mi pelotón de fusilamiento debe de haberse reproducido mucho estos días. Por otro lado, si un día algo me sucediera todo el mundo va a saber quiénes han sido los responsable. Podrán quedar de nuevo impunes, pero no podrían escapar de la verdad”.
El caso
España ha pedido la extradición para su enjuiciamiento por delitos de asesinatos terroristas y crímenes contra la humanidad del coronel Alfredo Benavides Moreno, responsable del batallón Atlacatl, que habría ordenado el crimen; el sargento Tomás Zarpate Castillo, que se confesó autor de disparos a dos de las víctimas; el sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, que causó la muerte de dos sacerdotes y ordenó matar a dos personas más y Ángel Pérez Vásquez, cabo del mismo batallón Atlacatl, que confesó haber asesinado a uno de los sacerdotes.
Todos ellos son sospechosos de haber participado en el asalto a la Universidad Centroamericana en el Salvador el día 16 de noviembre de 1989 y haber provocado la muerte de cinco sacerdotes españoles y tres ciudadanos salvadoreños: el jesuita Joaquín López y López y Elba y Celina Ramos, madre e hija, empleadas domésticas.
El juez Eloy Velasco solicitó al Gobierno el pasado mes de febrero que los reclamara y los exmilitares fueron detenidos en el país centroamericano semanas después de que el magistrado emitiera una nueva orden de detención contra ellos a través de Interpol. Velasco ordenó el arresto de un total de 17 exmilitares, a los que procesó en mayo de 2011 por los asesinatos.
Les atribuye ocho delitos de terrorismo y otro de lesa humanidad o contra el derecho de gente, adoptó esta decisión ante un supuesto “giro jurisdiccional” observado por las autoridades de El Salvador, que denegaron la entrega a España de los reclamados en agosto de 2011 y la autorizaron cuatro años más tarde.
En mayo de 2011 el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 también procesó jefe del Estado Mayor en el momento en que se produjeron los hechos, el fallecido René Emilio Ponce; el comandante Carlos Camilo Hernández y el teniente René Yusshy Mendoza.
Comando intelectual de la guerrilla
El juez detallaba en su auto de procesamiento que la muerte de los jesuitas se produjo en un contexto de “intensa polarización” entre el Gobierno militar y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), en el cual los sacerdotes se erigieron como líderes intelectuales de la guerrilla.
Los jesuitas fueron una de las fuerzas que respaldaba la acción militar guerrillera y que confabuló en el Golpe de Estado de octubre de 1979 contra el general Carlos Humberto Romero, colocando en la primera junta Revolucionaria de Gobierno a su empleado y rector en la Universidad Centroamericana ‘José Simeón Cañas’ (UCA), Román Mayorga Quiróz.
Debido a su afinidad con la Teología de la Liberación, los religiosos jesuitas incitaban a los campesinos a “una conspiración comunista internacional al servicio del Kremlin”.
Ellacuría se acercaba frecuentemente al entonces presidente Cristiani con la autoridad suficiente de ofrecer ‘tratos’ y ‘negociar’ a nombre del FMLN.
Supuestamente, la decisión de acabar con la vida de los jesuitas habría sido adoptada por un grupo de oficiales de la denominada ‘Tandona’ con la venia de un par de funcionarios civiles del Ejecutivo y de la Inteligencia del Estado y ejecutada por el coronel Benavides, que habría dado la orden a miembros del batallón ‘Atlacatl’.
Las contradicciones
Durante el supuesto asalto, los servicios de inteligencia habían alertado de la supuesta presencia de al menos un centenar de “terroristas” en la UCA.
La zona estaba rodeada por guerrilleros que se guarecían durante la noche o que recibían instrucciones militares de sus superiores, por lo que la entrada impune de un pequeño batallón debió ser una operación muy bien preparada y con característica quirúrgicas.
A pesar de los disparos, los guerrilleros que estaban en la vecindad no se acercaron a ver el motivo de las detonaciones, ni se reportó enfrentamiento alguna entre tropas y guerrilleros esa noche.
La promoción del libro
Desde que Galán decidió editar su libro inició una larga estadía fuera del país y comenzó a cubrir su historia con un supuesto velo de verdad, insistiendo en que su vida corría peligro, para que, curiosa y finalmente se asilara en España, donde en los próximos meses publicará su obra, con mucha publicidad gratuita debido a sus afirmaciones.
La AN no llegó a imputar al expresidente Alfredo Cristiani a pesar de que la querella, presentada por una religiosa carmelita hermana de uno de los fallecidos, también se dirigía contra él.
