Por Eduardo Vázquez Bécker.-
Once de la mañana del 15 de Octubre de 1979. El coronel Jaime Abdul Gutiérrez que se encontraba desde las primeras horas de la madrugada en la Primera Brigada, cuartel San Carlos, tomó el teléfono oficial y llamó a través del 218280 al operador de servicio.
-. “Habla el coronel Jaime Abdul Gutiérrez, Por favor; Comuníqueme con el señor Presidente de la Republica”. (Breve espera) -. “Hable mi coronel”:
-.”Mi General, (dirigiéndose al Presidente Romero). = Habla el Coronel Jaime Abdul Gutiérrez en nombre de la Fuerza Armada de El Salvador.-“Usted debe haberse dado cuenta que estamos en rebeldía y desconocemos la autoridad suya como comandante General de la Fuerza Armada”.- -. “Le damos tres horas para que abandone el país; le garantizamos respeto total a su persona y su vida; debe llevarse al alto Mando y a los jefes de los cuerpos de Seguridad”. (Interrupción) Presidente Romero: -.”Pero !qué putas! está haciendo usted? –Gutiérrez.- “Mi General, le estoy garantizando…. (Nueva interrupción) Presidente Romero: (hablando a gritos) “ Es una Locura, piensen en el país,… qué me dan a cambio?…-Gutiérrez.- “- Lo siento Mi General. (Cuelga el teléfono).
Veinte minutos más tarde, el l Presidente Romero pide que los golpistas reciban un emisario y nombra para ello al Coronel Rafael Flores Lima, hasta entonces Secretario de Información de Casa Presidencial, cosa a la que accede Gutiérrez. Romero quiere negociar su retiro.
Flores Lima manifiesta que Romero ha solicitado un avión al presidente de Guatemala, General Romeo Lucas García, para que lo trasladen a esa nación vecina; pide ampliar el plazo otorgado por los golpistas y solicita tres horas más de las ordenadas. A las seis de la tarde de ese día, después de gobernar por dos años y medio al país, Romero abandona El Salvador. En el Cuartel San Carlos, Gutiérrez y Majano tenían el control.
El 17 de octubre, dos días después del golpe, Román Mayorga Quiroz se comunicó telefónicamente con el coronel Gutiérrez para decirle que sí aceptaba formar parte de la Junta pero con algunas condiciones, cosa que los golpistas aceptaron sin ningún reparo.
Mucho se ha dicho sobre quién o quiénes fueron los autores de la Proclama de la Fuerza Armada del 15 de Octubre de 1979. Gutiérrez afirma que no fueron ni el Mayor Mariano Castro Moran ni el doctor Francisco Roberto Lima, ni mucho menos los hermanos Guerra.
El coronel Gutiérrez asegura que la Proclama fue elaborada por el Mayor Álvaro Salazar Brenes quien posiblemente contó con alguna ayuda de la UCA. Se sabe, sin embargo, que el reconocido intelectual de izquierda, Ítalo López Vallecillos, hizo una última revisión del documento antes que el mismo fuera entregado a Gutiérrez, este a su vez, tachó y corrigió buena parte del documento a fin de “suavizar” algunos términos del mismo y aproximarlo al texto y espíritu de La carta de Bogotá. En opinión de Gutiérrez, Salazar Brenes fue el único responsable de ese documento histórico.
Eran las tres de la madrugada del día 16 de octubre cuando se le dio lectura en las instalaciones del Cuartel San Carlos frente a unos cincuenta periodistas nacionales e internacionales.
La parte medular de la Proclama establecía el cese de la violencia y la corrupción; garantizaba la vigencia de los derechos humanos y prometía adoptar medidas que condujeran a una distribución equitativa de la riqueza nacional, incrementando al mismo tiempo y en forma acelerada, el producto territorial bruto.
El Foro Popular, creado en septiembre de ese año y en el que participaban algunas organizaciones como, FENASTRAS, FAPU, Frente de Acción Popular Unificada, Ligas Populares “28 de Febrero” y el Partido Comunista, (Unión Democrática Nacionalista UDN); Partido Demócrata Cristiano, Partido Social Demócrata, el MNR y el Partido Unionista Centroamericano PUCA; pidieron la mediación del Arzobispo Oscar Arnulfo Romero, para que se incluyera un representante de ese grupo en el nuevo gobierno. La nueva Junta, de manera conciliadora, aceptó y los recibió en el San Carlos el día 17 de octubre.
La lista que presentaron a escoger incluía a Guillermo Manuel Ungo y Antonio Morales Erlich. Aunque en un primer momento los militares optaron por Morales Erlich, el Foro exigió que se respetara el orden de la lista, por lo que el otro miembro de la Junta fue Ungo.
Ninguno de los civiles que se integró a la junta de gobierno participó activamente en el golpe del 15 de octubre aunque algunos sectores con los que simpatizaban buscaban una fórmula en la Asamblea Legislativa para acortar, en consonancia con los deseos del presidente Carter, el periodo presidencial para el que había sido electo el General Romero.
Héctor Dada Hirezi, quien tres días después se convertiría en canciller de la República, tampoco sabía del golpe. Según afirmaciones de este, el día del golpe, a eso de las dos de la tarde, se le aproximó una persona en la Universidad José Simeón Canas, donde se desempeñaba como Director del Departamento de la Facultad de Economía, preguntando si no temía por su vida debido a que había ocurrido un golpe de estado. Dada Hirezi, no sabía lo ocurrido por lo que se comunicó con Ungo quien también se encontraba en la UCA. Ungo aseguró a su amigo y compañero que tampoco sabía lo que pasaba pero se comprometió a buscar información al respecto. Una hora después Dada Hirezi trató de comunicarse con Ungo pero le informaron que había salido de la UCA rauda y sorpresivamente.
Dada Hirezi se dijo para sus adentro “Este ya va a aparecer en algo”.
Efectivamente, Ungo se había convertido en el civil más importante y controvertido de la Junta de gobierno que encabezaba Jaime Abdul Gutiérrez. Cuatro días después el mismo Dada era juramentado como el primer miembro del gabinete revolucionario en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores, el reconocido abogado Carlos Castro Garay era nombrado ministro del Interior.
Héctor Dada jugó un papel verdaderamente importante en la primera Junta de Gobierno.
Inicialmente el General Gutiérrez había seleccionado para el cargo de canciller al Dr. Roberto Albergue Vides y dada la proximidad de la Conferencia a celebrarse en La Paz, capital de Bolivia, donde se esperaba que El Salvador iba a ser condenado como violador de los Derechos Humanos de los salvadoreños, este ya había viajado a ese país suramericano a defender la causa del país y su nuevo gobierno. Sin embargo ocurrió algo imprevisto, el Arzobispo Romero se había convertido en el pozo a donde todos iban a beber. El coronel Gutiérrez le había solicitado su intervención a fin de que el discurso de la Iglesia bajara el tono en cuestiones del Estado, cosa a la que este accedió pero no sin antes de algunas condiciones. Una de ellas pudo ser la recomendación de nombrar a Dada Hirezi como ministro de Relaciones Exteriores.
Considerándolo de vital importancia para calmar los ánimos violentos que amenazaban con desbaratar el golpe, Gutiérrez sacrificó el compromiso y la palabra dada al Dr. Albergue Vides y nombró a Dada Hirezi quien de inmediato, inclusive sin tiempo para conocer su despacho oficial, partió para La Paz donde defendió en el pleno de la Conferencia de la OEA la nueva posición del nuevo gobierno salvadoreño. Difícil tarea si consideramos que en su rol de intelectual demócrata, en más de una ocasión había externado su opinión consonante con las organizaciones no gubernamentales de carácter internacional que pedían condenar a El Salvador y que se encontraban en La Paz. Cumplió su labor satisfactoriamente, sin embargo, como veremos más adelante, le esperaban otros retos.
A pesar de los esfuerzos que se hacían por pacificar al país, las organizaciones que integraban el Foro permanecían causando violencia.
En un doble juego, el Partido Comunista Salvadoreño (PCS) filtró algunos de sus más importantes cuadros en el nuevo gobierno. Aparenta estar de acuerdo con los militares progresistas e institucionalistas, socialdemócratas y demócratas cristianos que integraban la Junta que había derrocado al general Carlos Humberto Romero el 15 de Octubre de 1979, para ganar tiempo mientras llegaba la ofensiva.
En su doble juego, el FDR-FMLN tenía un discurso de lucha política y otro de carácter insurreccional. En noviembre de ese año, el FDR organiza la Coordinadora de Masas y más tarde, el 15 de diciembre, en Cuba y con el patrocinio de Fidel, los comandantes del FMLN constituyen la Dirección Revolucionaria Unificada DRU, que vendría a ser la Comandancia General del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Mientras la Junta Revolucionaria de Gobierno hacia grandes esfuerzos por consolidar el golpe y llevar al país por la vía democrática, el PCS se organizaba para llevar a cabo sus planes insurreccionales.
Posteriormente, el día 18, la Cámara Salvadoreña de Comercio e Industria, un sector de mucha importancia durante esa época, solicitó participar en la Junta proponiendo para los efectos a tres de sus principales miembros, los empresarios Leonel Mejía, Mario Andino y Jesús Funes. Los militares de mayor rango eran del criterio que la persona más adecuada para integrar la Junta era Leonel Mejía pero los más jóvenes y de menor rango, presionaron para que fuera Mario Andino el otro miembro civil de la Junta.
Los dirigentes del golpe, presentaron un programa centrista de gobierno que incluía tres reformas fundamentales: La Agraria, la de la Banca y la del Comercio Exterior. También aseguraban su intención de hacer los esfuerzos que fueran necesarios para que cesara la violencia de los cuerpos de seguridad contra la población civil y la implementación de un verdadero sistema democrático en el país.
Se organizó un gabinete de ministros cuya mayoría era de fuerte identificación izquierdista y que se habían opuesto a los gobiernos del PCN, entre ellos, el democristiano Rubén Zamora como ministro de la Presidencia y Jorge Villacorta, quien fue nombrado ministro de Agricultura. En una hábil maniobra de distracción, el coronel Gutiérrez nombró de inmediato al coronel José Guillermo García, ministro de Defensa y al coronel Nicolás Carranza, Jefe del Estado Mayor de la Fuerza Armada. La inclinación izquierdista de la mayoría del gabinete provocó que los sectores conservadores del país dijeran que se trataba de un gobierno comunista.
El arzobispo de San Salvador, Monseñor Oscar Arnulfo Romero, uno de los más duros críticos del gobierno del general Romero, reconoció que se estaban haciendo verdaderos esfuerzos por corregir los abusos a los derechos humanos al tiempo que expresaba públicamente su esperanza en las buenas intenciones del nuevo gobierno.
La verdad es que desde hacía cierto tiempo el coronel Gutiérrez frecuentaba al Arzobispo, quien compartía con su visitante la comida típica que le preparaban las monjas en su residencia del Hospital la Divina Providencia.
El arzobispo Romero atendía cualquier reunión aunque nunca estaba solo. Por lo general le acompañaban dos o tres sacerdotes que no intervenían en las pláticas de este. Entre estos se pueden mencionar a los padres Urioste y Paco Estrada. Se puede afirmar, sin temor a equivocarnos, que tanto la preocupación como la influencia del Arzobispo Romero encontraron respuesta en el programa de gobierno que ofrecía implementar la Junta de Gobierno. A pesar de ello los grupos de izquierda incrementaron las protestas y huelgas en todo el país y rechazaron dialogar con el nuevo gobierno.
Aunque se esperaba que el golpe de estado y la conformación de la Junta Revolucionaria de Gobierno frenaran el movimiento popular, o al menos dieran un respiro, las cosas empeoraron.
Fueron tres días que se caracterizaron por una violencia pocas veces vista; al igual que había ocurrido en Nicaragua. Las fábricas instaladas a lo largo del Bulevar del Ejército fueron tomadas por grupos guerrilleros; en la ciudad de Mejicanos los subversivos incitaban a la población a tomar las armas que les ofrecían y que al final quedaron abandonadas porque muy pocas personas les hicieron caso. Tanto las ciudades ocupadas como las fábricas fueron desalojadas por el Ejército en operaciones coordinadas por el coronel Sigifredo Ochoa Pérez. Durante la primera semana después de que la Junta tomó el poder, los organismos internacionales de derechos humanos denunciaron un centenar de muertos debido a la violencia política.
El hecho de que el Partido Demócrata Cristiano, la organización tradicional y más fuerte de la oposición salvadoreña, no estuviera representado en la Junta Revolucionaria había que explicarlo de la siguiente manera: Las fuentes de inteligencia del estado habían llegado a la conclusión de que se trataba de una maniobra del Movimiento Nacional Revolucionario, MNR, y del Partido Comunista, ambos del Foro Popular, para evitar la llegada de dirigentes demócrata cristianos como Napoleón Duarte o Antonio Morales Erlich a quienes consideraban con suficiente poder para neutralizar el proyecto insurreccional de los comunistas. Sin embargo, el PDC permitió a otros dirigentes escalar posiciones clave en el nuevo gobierno como Mario y Rubén Zamora, Héctor Dada Hirezi y Jorge Villacorta quienes ocuparon los ministerios de la Presidencia, Relaciones Exteriores y Agricultura.
La presencia de Mayorga, de Ungo y de los llamados progresistas del PDC, así como de figuras de izquierda ligadas a los jesuitas, puso en guardia a la empresa privada, que no apoyó (e incluso saboteó) a su representante que era Mario Andino Gerente General de la Phelp Dodge.
Los militares tradicionales, interinamente replegados, también se pusieron en guardia. Durante el mes de diciembre de ese año, la organización “Paz y Trabajo”, integrada especialmente por mujeres asociadas a la derecha económica del país, anunciaron que marcharían vestidas de blanco en protesta por lo que llamaban “apoderamiento comunista del país”.
Las declaraciones de respaldo a “Pro Paz y Trabajo” hechas por el General José Alberto Medrano, y el hecho de que, en su marcha, las mujeres de blanco se hubieran detenido frente al Estado Mayor de la Fuerza Armada y entregaran personalmente al coronel Carranza, considerado como un militar de extrema derecha, su protesta, hicieron que de inmediato comenzaran las pugnas entre los participantes civiles en la Junta así como buena parte de ministros y los militares. Uno de ellos, al parecer el Ingeniero Héctor Dada Hirezi, quien había sido nombrado Ministro de relaciones exteriores, reclamaba especialmente porqué se había permitido la manifestación de “Pro Paz y Trabajo” y porqué esta no era reprimida como se hacía con los grupos de izquierda. Se pidió la detención de Medrano.
Cómo vio la Prensa Internacional ese evento.
Por EDUARDO VAZQUEZ BECKER
SAN SALVADOR, 2 (AP) La división entre los cinco integrantes de la Junta Revolucionaria de Gobierno, se ahondo por un desacuerdo en torno a un pedido de detención del General retirado José Alberto Medrano, un decidido anticomunista.
Medrano fue acusado por el Foro Popular, – una organización de sindicatos y grupos políticos que apoyó el golpe de Estado del 15 de Octubre que instalo a la Junta de dos coroneles y tres civiles- de violar un decreto del nuevo gobierno.
El controvertido General de 62 años de edad, convocó la semana pasada a un acto anticomunista a los miembros de la Organización Democrática Nacionalista (ORDEN fundada por en 1967. ORDEN fue proscrita por un Decreto del nuevo gobierno por considerarla un cuerpo represivo usado por el gobierno del derrocado general Carlos Humberto Romero y sus antecesores para eliminar a opositores.
El Foro Popular pidió, antes de acusar a Medrano, que la Junta de Gobierno emitiera “Un pronunciamiento contra la oligarquía” y que asumiese el control del ejército. Reclamó además, la destitución de Mario Andino, representante del sector empresarial en la Junta de Gobierno.
Las demandas del Foro Popular fueron dramatizadas con la renuncia del ministro de trabajo y otros altos funcionarios del gobierno fundada en que un sector de la Junta se dirige a la derecha del espectro político salvadoreño.
El Foro dio un plazo de 24 horas para recibir respuesta de la Junta a su demanda y amenazó con retirar del gobierno a nueve ministros, once viceministros, cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia y otros funcionarios que militaban en sus filas, caso de que no se emitiera el pronunciamiento exigido.
Dos miembros de la Junta de Gobierno, Manuel Guillermo Ungo – dirigente del Foro- y Román Mayorga, respaldaron la demanda del Foro. Se opusieron Mario Andino y el Coronel Jaime Abdul Gutiérrez. No había una definición por parte de Majano pero Fuentes allegadas al gobierno indicaban que este simpatizaba con el grupo de Ungo. El ministro de la Presidencia, Rubén Ignacio Zamora, también apoyó la petición del Foro de que fuera detenido y enjuiciado el General Medrano.
El militar retirado había denunciado públicamente la tendencia izquierdista de varios miembros de la Junta de Gobierno, y los acusó de propiciar una congelación de la propiedad rural a fin de realizar una Reforma Agraria de fondo que evitaría el latifundio.
Su convocatoria anticomunista congregó a más de 10.000 personas. Medrano fue Director de la Guardia nacional y había sido miembro honorario del Ejercito de los Estados Unidos, con el que sirvió en Vietnam con el grado de coronel. Medrano fue asesinado por las Fuerzas Populares de Liberación FPL, – comunistas- el 23 de marzo de 1985.
La espiral de violencia entre los grupos armados de izquierda y los cuerpos de seguridad siguió durante noviembre y diciembre de 1979. El país vivía un ambiente de violencia mientras la esperada reforma agraria tardaba en implementarse. Estaba claro que la alianza no duraría mucho tiempo.
La verdad es que los miembros civiles del gabinete lo que pretendían era desestabilizar el nuevo gobierno en espera de que se profundizaran los planes izquierdistas de tomar el poder por la vía violenta y cuyos planes estaban ya en poder de las autoridades.
Casi a finales de año (79), los Cuerpos de Seguridad estuvieron a punto de capturar al dirigente comunista y Jefe Supremo de las Fuerzas Populares para la Liberación, FPL, Salvador Cayetano Carpio, – comandante “Marcial”-, pero este logró evadir a sus captores huyendo en un taxi, sin embargo, en la huida, dejó abandonados en el lugar donde se encontraba, importantes documentos que ponían al descubierto los planes insurreccionales previstos para corto plazo. En esa documentación, además de referirse los planes insurreccionales, figuraban documentos y actas de la reunión efectuada en Cuba el 15 de diciembre de 1979, en la que la máxima dirigencia de los cinco grupos armados, juntamente con Fidel Castro, constituyeron la Dirección Revolucionaria Unificada DRU, que terminó siendo la Comandancia general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, durante la ofensiva del 10 de enero.
El 28 de diciembre de 1979, dos meses trece días después del golpe, el coronel Gutiérrez fue convocado por la mayoría del gabinete a una reunión especial en Casa Presidencial. Aunque el pretexto de la reunión era analizar lo que consideraban un incremento en la violencia contra las organizaciones populares y la aparente tolerancia hacia los grupos de la derecha, en realidad lo que pretendía era sacar al coronel Gutiérrez de la Junta, fortalecer al coronel Majano y abrir espacio para otro dirigente izquierdista que indudablemente hubiera sido del partido comunista.
Gutiérrez se percató de lo que ocurría y aceptó asistir a la reunión, no sin antes hacerlo del conocimiento de los distintos jefes militares del país. A la hora señalada, Gutiérrez hizo su entrada en el Salón de sesiones de Casa Presidencial, donde ya lo esperaban la casi totalidad del gabinete, solo que !Sorpresa!, tras el coronel Gutiérrez hicieron su ingreso al salón más de cincuenta oficiales de distinta graduación quienes intervendrían en las discusiones con los civiles. El más sorprendido fue el Ingeniero Dada, quien de manera exaltada reclamaba que los civiles estaban siendo insultados y ofendidos por el ejército. La reunión terminó en un enfrentamiento que llevó a la ruptura de la Primera Junta. Había presagios de tormenta.
El 2 de enero, el arzobispo Oscar Arnulfo Romero trató de efectuar una reunión de mediación pero fracasó en su intento.
Con la cabeza visible de Rubén Zamora, ministro d la Presidencia, Héctor Dada Hirezi, ministro de relaciones Exteriores, y Jorge Villacorta, viceministro de Agricultura, así como del coronel Majano, se llevaron a cabo, entre los días del 3 al 5 de enero, varias reuniones en las instalaciones del Ministerio de Agricultura, ubicadas entonces sobre el Bulevar “Los Héroes”, que culminaron con la renuncia de los tres miembros civiles de la Junta, la casi totalidad del Gabinete del gobierno y por lo menos doce directores de instituciones autónomas. Solo quedaron el ministro y viceministro de Defensa, con el coronel Guillermo García a la cabeza. La Junta volvió a quedar en manos de Gutiérrez y Majano.
