El CECOT tiene audiencia: Los señores del terror ante la justicia
Desde las entrañas de la cárcel más temida del mundo, 486 pandilleros de la MS-13 enfrentan la quinta jornada de un juicio sin precedentes en la historia centroamericana
La escena es deliberadamente calculada para impresionar. Uno por uno, los hombres salen de sus celdas. Rapados, uniformados de blanco, con mascarilla. Los escoltan hasta una sala donde una silla y un televisor los esperan. En la pantalla, a decenas de kilómetros de distancia en San Salvador, un juez de identidad reservada dirige el proceso. La imagen del preso viaja en tiempo real hacia el tribunal. Así funciona, en su arquitectura más desnuda, el megajuicio más ambicioso que haya intentado El Salvador en toda su historia.
El megajuicio contra más de 400 presuntos integrantes de la pandilla Mara Salvatrucha continúa avanzando bajo un esquema judicial inédito, desarrollado desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo, mediante un sistema de conexión remota entre el penal de máxima seguridad y los tribunales en San Salvador, lo que permite procesar de forma simultánea a cientos de acusados bajo un modelo de audiencia única masiva.
Esta semana, el proceso llega a su quinta jornada. Los procesados son sacados uno a uno de las celdas de uno de los pabellones del CECOT, ubicado en las afueras de San Salvador, bajo estrictas medidas de seguridad, para ser ubicados en sillas blancas frente a televisores en los que su imagen se proyecta hasta el juzgado en la capital. Por primera vez desde el inicio del juicio, la prensa tuvo acceso parcial a las instalaciones del CECOT durante la cuarta jornada del miércoles, lo que permitió documentar la logística de este proceso histórico.
Dos décadas de terror en un solo expediente
A los procesados se les responsabiliza de más de 47,000 crímenes ocurridos entre 2012 y 2022. La Fiscalía también sostiene que estos cabecillas habrían ordenado asesinatos contra policías, militares, rivales y personas que rechazaban colaborar con la pandilla. El Ministerio Público les atribuye además la muerte de al menos 80 policías durante distintos periodos de violencia en el país.
El cargo que más resuena históricamente es el de los 86 asesinatos del fin de semana del 25 al 27 de marzo de 2022, la masacre que detonó el régimen de excepción. En la instalación de la llamada «audiencia única abierta», el juzgador —que no se identificó— señaló que estos grupos perturbaron por décadas «la paz» y la «seguridad del Estado», y que serían juzgados «con todo el peso de la ley». El caso «revela una verdad ineludible: nos revela que los hechos no fueron casuales, fueron ordenados por una estructura que no tenía respeto por la ley», agregó.
Un elemento jurídico inédito marca este juicio: por primera vez en la historia salvadoreña, la Fiscalía acusó a los pandilleros por el delito de rebelión, argumentando que la MS-13 buscaba «mantener el control territorial para establecer un Estado paralelo, atentando contra la soberanía nacional».
El modelo jurídico: Velocidad vrs. Garantías
Reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado aprobadas por la Asamblea Legislativa permitieron estos procesos colectivos. Además de los juicios masivos, se eliminó el plazo máximo de un proceso penal de 24 meses y se otorgaron poderes investigativos ampliados a la Policía Nacional Civil.
Las críticas internacionales no se han hecho esperar. ONG de derechos humanos como Human Rights Watch y Cristosal han señalado que los juicios masivos implican el riesgo de condenar inocentes, al no individualizar la responsabilidad penal y haberse eliminado la audiencia de valoración de pruebas.
El balance del régimen de excepción que sostiene este proceso es, a estas alturas, un territorio en disputa entre las estadísticas oficiales y las denuncias documentadas. Son más de 91,000 detenidos los que ha dejado el régimen, además de más de 6,400 denuncias de violaciones a derechos humanos y más de 500 muertes en custodia del Estado, cifras recogidas por colectivos de monitoreo.
El director del CECOT, Belarmino García, justificó el esquema con una frase que resume la posición oficial: «El tipo de internos que están siendo procesados acá son miembros de la estructura criminal MS-13, una organización criminal terrorista.» El proceso no tiene fecha de cierre fijada.
