El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica contimuará con su política mgratoria de expulsar de forma acelerada a personas que lleguen a la frontera sin documentos luego que deje sin vigencia el llamado el Título 8 que concluye a las 11:59 (hora de Washington D.C) de este jueves.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Estado se centran en soluciones y tienen un plan sólido para gestionar humanamente la frontera a través de la disuasión, la aplicación de la ley y la diplomacia.
Estas facultades, que existen desde hace décadas, prevén consecuencias severas para el ingreso irregular de migrantes, que incluyen la prohibición de volver a entrar a Estados Unidos por al menos cinco años y la posible sanción penal ante intentos reiterados, lo que no sucedía con el Título 42.
El gobierno estadunidense ha dejado claro que las personas que crucen hacia ese país sin autorización o sin haber utilizado una vía regular, y sin haber concertado una cita específica para presentarse en un puerto de ingreso, se presumirá que no son elegibles para el asilo.
como parte del plan integral, pluriagencial, en que también participan una pluralidad de países, para prepararse para el retorno a la tramitación de los migrantes bajo las autoridades del Título 8, la Administración está anunciando amplias medidas adicionales, incluyendo:
- Apertura del primer Centro Regional de Procesamiento (RPC) para orientar a los individuos hacia las vías legales. El Departamento de Estado tiene previsto abrir finalmente unos 100 centros regionales de tramitación en lugares clave del Hemisferio Occidental, y en los próximos días pondrá en marcha una plataforma en línea para que las personas puedan concertar citas para llegar a un centro cercano. Más de 140 funcionarios federales, entre ellos del DHS y del Departamento de Estado, así como funcionarios de la Organización Internacional para las Migraciones y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, están siendo desplegados para apoyar estos centros físicos, que servirán para dirigir a los migrantes hacia vías legales en las primeras etapas de su viaje y mucho antes de llegar a la frontera suroeste. El personal de los Centros Regionales de Procesamiento examinará a las personas para determinar si reúnen los requisitos de Estados Unidos para el reasentamiento de refugiados u otras vías legales de ingreso en Estados Unidos, Canadá y España.
- Desplegar el primer grupo de efectivos adicionales para apoyar a la patrulla fronteriza. Inicialmente habrá 550 efectivos militares estadounidenses que estarán en sus puestos el miércoles para empezar a apoyar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en la frontera suroeste. Se unirán a los 2.500 efectivos de la Guardia Nacional que ya prestan apoyo a la CBP en la frontera. Estos efectivos adicionales prestarán apoyo administrativo en las instalaciones de la CBP en el suroeste. El apoyo incluirá entrada de datos, apoyo de almacenamiento, y aumento de las actividades de vigilancia y detección de la CBP para que sus agentes y oficiales puedan salir al terreno para asegurar y gestionar humanamente la frontera. Los 1.000 efectivos restantes se anunciarán próximamente e incluirán personal del Ejército, la Infantería de Marina y las Fuerzas Aéreas.
- Aumentar recursos para gestionar el aumento de las personas halladas. Para gestionar de forma humanitaria el aumento de las personas halladas, la CBP y la Oficina de Aplicación de la Ley del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) están ampliando aún más la capacidad de detención, incrementando los vuelos de expulsión y trasladando agentes y oficiales a regiones de alta prioridad a lo largo de la frontera suroeste. La CBP ha inaugurado esta semana dos nuevos centros de detención, y la ICE tiene previsto habilitar otras 5.000 camas esta semana. El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) está aumentando su capacidad de camas para prepararse ante un posible aumento del número de menores no acompañados. El DHS también puso en marcha operaciones específicas de aplicación de la ley en regiones de alta prioridad a lo largo de la frontera, incluido El Paso, para procesar rápidamente a los migrantes y que sean sujetos a procedimientos de expulsión. La semana pasada, el DHS también anunció más de 250 millones de dólares en ayuda adicional para las comunidades que reciben a los migrantes.
- Ampliar el acceso a la aplicación “CBP One”. El DHS hará la transición de la aplicación CBP One a un nuevo sistema de programación de citas el 10 de mayo, con el fin de permitir un mejor acceso a este proceso ordenado para solicitar asilo en los Estados Unidos. Bajo el nuevo sistema, los no ciudadanos tendrán más tiempo para solicitar citas y, si se les asigna una cita, tendrán más tiempo para confirmarla. A la hora de asignar las citas, la CBP dará prioridad a los extranjeros que lleven más tiempo esperando. Este cambio dará a los no ciudadanos más tiempo para conocer la aplicación de programación de citas, y por lo tanto ayudar a asegurar que los no ciudadanos con conectividad limitada tengan oportunidades significativas para programar citas para presentarse en los puertos de la frontera suroeste. Además, la CBP también aumentará el número de citas disponibles cada día.
- Emitir nuevas reglas para alentar a los migrantes a utilizar las vías legales. La Administración Biden-Harris ha liderado la mayor expansión de vías legales para la protección en Estados Unidos en décadas. El DHS y el Departamento de Justicia (DOJ) publicarán una norma definitiva para animar a las personas a utilizar esas vías legales en lugar de intentar ingresar en Estados Unidos entre los puertos de entrada sin autorización previa a lo largo de la frontera suroeste. Esta norma es fundamental para crear un proceso ordenado para buscar protección en Estados Unidos en un momento en el que el Congreso se niega a reformar las leyes de inmigración descompuestas o a proporcionar los fondos necesarios para contratar a suficientes funcionarios de asilo y jueces de inmigración para procesar las solicitudes.
- Aumentar los esfuerzos para contrarrestar la información errónea. Los traficantes han intensificado sus esfuerzos para afirmar falsamente que la frontera está abierta con el fin de aprovecharse de los migrantes vulnerables. En respuesta, el Departamento de Estado y el DHS están intensificando sus esfuerzos para contrarrestar esta desinformación, incluyendo el lanzamiento de campañas publicitarias digitales adicionales en América Central y del Sur, y en el Caribe. Esta campaña comunicará claramente que las personas que crucen ilegalmente la frontera suroeste de Estados Unidos se presumirán no elegibles para el asilo bajo las nuevas regulaciones, estarán sujetas a la expulsión acelerada, y se les prohibirá el reingreso a Estados Unidos durante al menos cinco años, si se ordena su expulsión. El Departamento de Estado también está ampliando la información sobre las vías legales de migración y los esfuerzos para abordar las causas profundas de la migración. Esta información se difunde a través de las redes sociales, los periódicos, la televisión y la radio en zonas de alta emigración de toda la región.
Las medidas adicionales anunciadas hoy se basan en las acciones que el Departamento de Estado y el DHS anunciaron a principios de este mes para gestionar humanamente la frontera a través de la disuasión, la aplicación de la ley y la diplomacia. Esto también se basa en el trabajo del DHS durante el año pasado, esbozado por primera vez en abril de 2022 en el Plan del DHS para la Seguridad y Preparación de la Frontera Suroeste. Dichas acciones incluyeron:
Disuasión
- Envío de autoridades panameñas, colombianas y estadounidenses al Darién para mejorar la seguridad de esta región y erradicar las redes criminales de contrabando.
- Duplicar el número de refugiados procedentes del Hemisferio Occidental que sean aceptados.
- Ampliar y crear nuevos programas de reunificación familiar.
- Aceptar hasta 30.000 personas al mes procedentes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití como parte de los procesos ampliados de permisos (parole) anunciados a principios de este año.
- Imponer consecuencias a los inmigrantes que no utilicen las vías legales, incluida la prohibición de reingreso durante cinco años y la presunción de inelegibilidad en virtud de una nueva normativa.
- Expulsión acelerada, con consecuencias para los expulsados, como la prohibición de reingreso durante cinco años.
Aplicación de la ley
- Enviar 1.500 soldados a la frontera (hasta un total de 4.000 efectivos), a la vez que el DHS está incorporando a miles de contratistas y empleados no uniformados de ese Departamento para ayudar en las tareas administrativas a fin de liberar a más de los 24.000 agentes y funcionarios de la agencia para que se centren en las tareas de primera línea.
- Aumentar el número de funcionarios de asilo para agilizar los plazos de tramitación de meses a días para las personas que han cruzado la frontera recientemente. Realización de entrevistas sobre la posibilidad creíble de sufrir temor (Credible Fear Interviews) para determinadas poblaciones en una fase más temprana del proceso, lo que permite al DHS expulsar rápidamente a aquellos que no tienen una base legal para permanecer.
- Aumentar la capacidad de la CBP para retención en más de un 50 %.
- Aumentar drásticamente el número de vuelos semanales de expulsión, duplicando o triplicando el número de vuelos para algunos países.
Diplomacia
- Garantizar acuerdos de repatriación de países del Hemisferio Occidental, incluidos esfuerzos diplomáticos con México para expulsar rápidamente a las personas que no puedan ser retornadas a sus países de origen.
- Intensificar las acciones conjuntas de México y Estados Unidos para luchar contra los contrabandistas y traficantes de seres humanos que explotan a los migrantes.
- México y Estados Unidos duplican sus esfuerzos de desarrollo centrados en el apoyo de persona a persona.
Maureen Meyer, vicepresidenta para programas de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés), manifestó que al retomar dichas medidas, más que abrir la frontera a todas las personas que buscan ejercer su derecho a solicitar protección en Estados Unidos, limitan el acceso
a ese país.
Si bien esta política migratoria está acompañada con más vías para el ingreso legal, como los programas de visas humanitarias, de trabajo y de integración familiar, esto no quita que hay un desbalance, pues estas opciones son muy pocas para la cantidad de personas que siguen en necesidad de protección y que les están violando su derecho humano de poder buscar asilo en el país
, sostuvo en entrevista.
Fallas y anomalías
Además, señaló que las opciones para entrar de manera documentada a Estados Unidos no son del todo eficientes y algunas no están completamente claras. Ejemplificó con el caso de la aplicación CBP One, que se definió como la única forma para solicitar una cita para pedir asilo, la cual si bien incrementa el número de citas diarias, de 700 a mil, son muy pocas para la cantidad de gente
, además de que requieren de un teléfono inteligente con una capacidad de navegación buena.
Meyer agregó que también falta claridad respecto al funcionamiento de los Centros Regionales de Procesamiento
que se instalarán en Colombia y Guatemala, sobre la cantidad de citas que abrirán al mes y qué tipo de población atenderán. Tampoco hay detalles sobre la reunificación familiar de quienes vienen de Guatemala, El Salvador y Colombia
.
Con información de Agencia Digital de Noticias -ADN-
