Los abogados del empresario Enrique Rais, de su sobrino Hugo Blanco y del abogado Wilfredo Gutiérrez, informaron a periodistas que han demostrado la ilegalidad en pruebas presentadas en el caso de su defendido.
Los abogaos Hernán Cortez, José David Campos Ventura y Silvia de Bonilla, presentaron en el Juzgado Octavo de Instrucción un escrito pidiendo que se declare nulo el proceso, alegando que no existen pruebas en su contra.
El escrito presentado al Juez Octavo de Instrucción, Mario Mira Montes, es una “Excepción Perentoria de previo y especial pronunciamiento”, ya que “en base al estudio jurídico exhaustivo que hemos hecho del proceso, afirmamos que este proceso se inició ilegalmente hace más de dos años” precisó Cortez, añadiendo que en las escuchas telefónicas que sirvieron para formular los cargos contra sus defendidos no hay indicios de la comisión de ningún delito, “además es un caso que nada tuvo que ver con las acusaciones que sirvieron para capturar ilegalmente a nuestros representados”, sostuvo el abogado Hernán Cortez.
La excepción perentoria de previo y especial pronunciamiento es un principio de derecho universal que establece la obligación en la que están los jueces y los magistrados de verificar si el hecho imputado ha sido razonablemente probado como para autorizar medidas extraordinarias como la intervención de las comunicaciones telefónicas y tal como la establece la ley que las regula.
Hernán Cortez asegura en su escrito que se intervinieron los teléfonos del ex Juez de Paz Romeo Aurora Giammattei y una persona a la que la Fiscalía General de La República (FGR) identifica únicamente como “Neto”, sin contar con la autorización de un juez, violentando de esta forma la Ley Especial para las Intervenciones a las Telecomunicaciones (LEIT).
Dichas escuchas a criterio de los defensores son “ilegales” ya que se realizaron sin autorización judicial “y por consiguiente son intervenciones telefónicas ilegales”, remarca el escrito presentado al Juzgado Octavo de instrucción.
El abogado de Rais expone en su petición que para autorizar las escuchas a los teléfonos del ex Juez Giammattei y “Neto”, el titular del Juzgado 7° Instrucción, Miguel Ángel García Argüello cometió otra ilegalidad, pues en su resolución aprobando las escuchas argumentó que “tuvo a la vista la información de las personas abonadas de los números a los cuales se está solicitando la intervención”, aunque dicho documento entregado por las empresas telefónicas tiene una fecha posterior a la de la presentación de la solicitud por parte de la FGR “convirtiéndose dicha autorización en un Fraude Procesal”.
“Esa respuesta de la compañía telefónica que supuestamente la Fiscalía agregó en su solicitud va con horas y fecha posterior a la solicitud presentada al Juez ahora denunciado” lo que la hace objeto de nulidad absoluta. Según el abogado de Rais, “lo sorprendente más aún es que el señor Juez Séptimo de Instrucción Miguel Angel García Arguello, viene y dice de que tuvo a la vista dicho documento cuando este no había sido emitido por la compañía telefónica para poder decir que se tuvo a la vista y que en base a esa información se estaba solicitando la intervención telefónica de estos números”,
Por su parte, el licenciado José David Campos Ventura denunció que el caso contra el empresario Enrique Rais no es el único en el que se están interviniendo de forma ilegal las telecomunicaciones de personas que son procesadas con pruebas que en palabras del abogado son “ilegales”.
“Lo que está pasando aquí es un atropello a las libertades y derechos fundamentales”, acotó el Licenciado Campos Ventura en referencia al proceso en el que se encuentran sus representados.
“Son decenas de ilegalidades que están en el tema relacionado con las escuchas”, en las cuales la evidencia “o prueba no demuestra en absoluto los delitos que dicen que se cometieron”, como ocurre con el empresario Enrique Rais, Hugo Blanco Rais y el abogado Wilfredo Ernesto Gutiérrez, externó Campos Ventura.
Por su parte el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, calificó las denuncias de los defensores de Rais así como las de otras organizaciones no gubernamentales, como un intento de intimidarlo, cosa que fue rechazada tajantemente por la licenciada Silvia Bonilla quien recordó al titular del MP que en virtud de su cargo tiene que escucharlas y hacer las investigaciones pertinentes”.
“El monopolio de la investigación del delito es mandato constitucional al cual el Fiscal General Douglas Meléndez, juró cumplir y hacer cumplir las Leyes de la República, por lo cual está obligado a investigar los hechos denunciados para descubrir la verdad y no puede a su arbitrio decidir qué investigar y qué no investigar”, sentenció Silvia de Bonilla.
El plazo de instrucción fijado por el juez vence el 30 de marzo de este año, plazo solicitado por la FGR para aportar pruebas que de antemano han sido calificadas como “ilegales” y por lo que los abogados de Enrique Rais, su sobrino Hugo Blanco y el abogado Wilfredo Gutiérrez, están pidiendo la nulidad del proceso.
