El sacerdote español convicto, padre Antonio Rodríguez Tercero, alias “padre Toño”, continúa buscando venganza contra el ex fiscal General Luis Martínez, bajo cuya administración se le investigó por introducir objetos ilícitos a varios centros penales donde colaboraba con pandilleros de la 18 y de la Mara Salvatrucha.
Como venganza por haber sido llevado a los tribunales para enfrentar un juicio abreviado, que le permitió obtener su libertad y luego viajar a España, Rodríguez, aprovechando que el ex fiscal Martínez había sido detenido por otras causas, aprovechó para procesarlo por el supuesto delito de divulgación de información reservada.
La jueza que conoció de esa acusación ordenó detención en contra de Martínez, pero una Cámara de lo Penal anuló la audiencia y ordenó la libertad del ex fiscal.
El ex Fiscal fue acusado de divulgar las grabaciones obtenidas mediante la intervención en los teléfonos del sacerdote Rodríguez y los principales dirigentes de las pandillas. La defensa de Luis Martínez ha demostrado que se trataba de copias de las grabaciones que se encontraban en sede judicial y que por esa razón eran del conocimiento público.
De acuerdo a los abogados del ex fiscal que se enfrentó a las pandillas y a un gobierno que promovió la tregua ilegal entre las pandillas, el delito del que se acusa a su defendido no existe, debido a que las grabaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) solo tienen validez seis meses luego de haber sido efectuadas.
Rodríguez fue capturado en agosto de 2014 y fue procesado por haber colaborado con las pandillas al introducir objetos ilícitos en las cárceles donde se encuentran detenidos varios líderes de los grupos delincuenciales a los que el sacerdote estaba asociado. En septiembre del mismo año fue condenado a 30 meses de prisión, sin embargo, debido a su confesión y a la intervención de la curia como garante del convicto, recuperó su libertad con carácter de provisional.
Rodríguez reconoció públicamente que de mil grabaciones que le hizo el Centro de Intervención de la Fiscalía, “Solo 186 estaban relacionadas con delitos”, pero no ha mencionado el contenido de las otras grabaciones que supuestamente contienen relaciones de otro tipo de delitos contra la moral de las personas.
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