La Cámara Segunda de lo Penal de San Salvador condenó el martes a 13 años y cuatro meses de prisión al expresidente de la Asamblea Legislativa, excandidato presidencial y diputado del Parlamento Centroamericano Norman Quijano por los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas por haber pactado beneficios para las pandillas a cambio de que lo apoyaran en los comicios presidenciales de 2014.
“La Cámara ha estimado que se acreditó el hecho de que fue acusado”, confirmó el abogado defensor Lisandro Quintanilla al salir del juicio al que no se permitió el acceso a la prensa.
La condena incluye su inhabilitación como diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), lo que no puede cumplirse ya que el juzgado salvadoreño carece de jurisdicción para dar dicha orden.
La decisión del tribunal fue confirmada por la Fiscalía General de la República en su cuenta oficial de la red social X, antes Twitter.
El Ministerio Público había acusado a Quijano de negociar con los cabecillas de las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18 para que lo ayudaran a ganar la elección presidencial en la que finalmente triunfó el excomandante guerrillero Salvador Sánchez Cerén, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
La Fiscalía afirma que Quijano prometió, entre otras cosas, beneficios económicos, reducir el nivel de operatividad de la policía contra las pandillas y programas de reinserción a favor de sus integrantes. El ministerio Público basó sus pruebas en testimonios de pandilleros que recibieron trato «especial» y prebendas para dar dichas declaraciones.
Según la acusación, días antes de la segunda vuelta electoral de 2014 Quijano se reunió con cabecillas de las dos pandillas y “realizó negociaciones ilícitas en las cuales hizo ofrecimientos de beneficios”.
En una segunda reunión donde no estuvo presente Quijano sino el excomandante guerrillero Raúl Mijangos —que falleció en la cárcel cuando era procesado por el mismo delito— se entregó a los pandilleros un maletín con 100.000 dólares, según la Fiscalía.
Según medios digitales salvadoreños e internacionales, al mismo tiempo y como miembro del FMLN, el actual presidente de la República, Nayib Bukele, alcalde de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) y alcalde de San Salvador (2015-2018) realizaba el mismo tipo de reuniones con las pandillas.
El juicio se llevó a cabo pese a la ausencia de Quijano, quien está prófugo, luego de que el Código Procesal Penal del país fue reformado en 2022 para poder enjuiciar a un imputado aún sin estar presente. La INTERPOL se niega a perseguir a Quijano pues argumenta que se trata de persecución política.
Quijano salió de El Salvador el 30 de abril de 2021 cuando faltaban pocas horas para que llegara a su fin el periodo legislativo en la Asamblea Legislativa y el fuero constitucional que impedía que las autoridades lo capturaran. Quijano ejerce sus funciones como diputado del PARLACEN sin ser detenido por ningún cuerpo de Seguridad en Centroamérica.
En diciembre de ese año el Congreso, ya en manos del oficialismo, decidió quitarle a Quijano el fuero de diputado del PARLACEN. Los abogados de Quijano alegaron que el proceso de desafuero fue ilegal, porque no le correspondía al Congreso salvadoreño retirarle la protección constitucional sino al Legislativo centroamericano, pero los jueces desestimaron de manera autoritaria su alegato.
La Fiscalía presentó la acusación contra Quijano el 1 de mayo de 2021 y una semana después un juzgado giró orden de captura en su contra. También pidió a la Interpol que emitiera una notificación roja de búsqueda y captura, pero ésta no fue aceptada por tratarse de «persecución política».
