La Asamblea Legislativa aprobó el martes la Ley Integral del Sistema de Pensiones, que establece la pensión mínima en 400 dólares y mantiene la edad de jubilación.
Con 67 votos en el pleno de 84 escaños, «queda aprobada la Ley Integral de pensiones», indicó el presidente del Órgano Legislativo, Ernesto Castro.
La reforma establece que la pensión mínima por vejez pase de 304,17 dólares a 400 dólares mensuales, mientras el resto de pensionados, que cobran hasta 2.300 dólares, tendrán un incremento del 30%.
La nueva ley eleva del 15% al 16% el aporte de la cotización conjunta, que ahora corresponde en 8,75% al empleador y se mantiene en el 7,25% para el trabajador.
La edad de jubilación se mantuvo en 55 años para las mujeres y 60 años para los hombres.
La vicepresidenta del Congreso, Suecy Callejas, explicó que la propuesta acatada, enviada al Pleno por el presidente Nayib Bukele, fue acogida porque actual sistema «no es capaz de generar pensiones dignas».
«Del universo total de ahorro de pensiones (privado) que asciende a 12.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares han sido utilizados para financiar obligaciones del Estado», narró la parlamentaria, por lo que el Gobierno debería devolver los dineros tomados y gastados por el Estado para coadyuvar a pagar pensiones justas, de acuerdo a analistas expertos en el tema.
Con la reforma aprobada este martes, según Callejas, se establece al Estado «como el principal garante» del sistema de pensiones, con lo que de no funcionar las reformas, el presente Gobierno sería el responsable.
La normativa estará acompañada de otros mecanismos como la Ley de Creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones(ISP) que entre otras tareas permitirá administrar y regular el sistema de jubilaciones publico por parte del Gobierno.
Asimismo, la Asamblea derogó una ley que beneficiaba hasta con 6.000 dólares de pensión mensual a 684 personas que aportaron con el fruto de su trabajo mucho más de lo percibido como pensión. La pensión máxima ahora será de 3.000 dólares.
La ley aprobada no contempló reclamos de diversos sectores del país como los sindicatos y docentes que afirmaron la iniciativa adoptada los condena a “pensiones de miseria y de hambre”.
Nueva Ley no sería sostenible
Horas antes de la votación, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) se mostró preocupado de que se diera una aprobación «apresurada» y puso en duda su sostenibilidad.
A juicio del Icefi, «es incierta la sostenibilidad del aumento de un punto porcentual en el aporte de los patronos, simultáneo al aumento generalizado de 30 % propuesto para las pensiones».
Agregó que «las propuestas mantienen que, en caso los fondos no sean suficientes, el sistema de pensiones seguirá tomando recursos del presupuesto público, lo que implicaría mayor presión en el mediano y largo plazo a las ya deterioradas finanzas públicas salvadoreñas».
La economista Tatiana Marroquín señaló en sus redes que «uno de los componentes más graves de esta reforma» es que «toda la deuda de pensiones «será reestructurada a condiciones que no conocemos» y «eso es ilegal e inconstitucional.
En el paquete de reformas se incluye la disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, un mecanismo aprobado en 2006 con el que se emitían títulos valores que las AFP adquirían con los fondos de los trabajadores.
Estos recurso se han venido utilizando para el pago de las pensiones de los jubilados en el sistema estatal abandonado en 1998. La responsabilidad de emitir estos certificados será el Instituto Salvadoreño de Pensiones.
La legislación que regirá estas emisiones indica que los certificados «al ser emitidos por una institución autónoma, serán únicamente de su responsabilidad».
De acuerdo con el Icefi, en El Salvador 8 de cada 10 personas adultas mayores «no tienen acceso a una pensión, y solo una de cada 4 personas que tienen un trabajo remunerado cotizan en el sistema previsional».
La nueva ley entrará en efecto a partir de enero del próximo año, aunque se esperan protestas y nuevos reclamos de sectores que han sido afectados.
El sistema de pensiones en El Salvador fue privatizado en 1996. De cinco Administradoras de Pensiones (AFP) privadas que se crearon hasta 1998, en la actualidad solo funcionan dos.
