Al gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén le espera una pesadilla durante el inicio de 2017.
El inicio de año arrancará con luchas en las calles por parte de los trabajadores que han advertido estar dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias para obligar al gobierno del FMLN a que acepte sus demandas.
“Vamos a llamar al pueblo salvadoreño a una huelga de brazos caídos, eso es lo que le espera al gobierno”, advirtió a periodistas Balmore Leiva, del Sindicato de Trabajadores Judiciales (SINEJUS).
Leiva sostuvo que aquellos que encabezaron las luchas contra la injusticia y la represión y que hasta tomaron las armas para cambiar el país hoy son ignorados, recordando al oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación (FMLN), su rol durante la guerra. “Los trabajadores somos marginados, no somos escuchados y muchas veces somos reprimidos”, afirmó Leiva.
Por su parte, el empresario del transporte colectivo privado, Genaro Ramírez, ligado a partidos políticos de oposición, dijo que el esfuerzo que los trabajadores están haciendo “es una lucha que ellos iniciaron y ahora están en el poder están retractándose por las luchas que ellos indujeron a todos los sectores, incluyendo al transporte para que ellos llegaran al poder”. Aseguró que ahora los mayores violadores del estado de derecho lamentablemente son los mismos funcionarios de turno.
Sindicatos de trabajadores de los ministerios de Educación, Seguridad Pública, Órgano Judicial, sindicatos de la Construcción y empresarios del Transporte Colectivo, que conforman la Unión de Sectores Productivos Salvadoreños (USPS), se juntaron con el objetivo de incidir en la transformación del país por lo que califican como una mala administración del gobierno.
A este esfuerzo también se unió el movimiento de trabajadores de la Policía Nacional Civil (PNC).
Marvin Reyes, que encabeza el movimiento de los policías, afirmó: “el gremio policías es muy golpeado, marginado, excluido, abandonado y silenciado a propósito para que los trabajadores policías no digan absolutamente nada, como si estuviéramos en una dictadura muy propia de los años 50 en donde hablar de derecho, en donde hablar de libertad expresión, era sinónimo de muerte y encarcelamiento, y eso no lo podemos aceptar”.
Reyes insiste en la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo y salarios de los policías que —aseguró— no están incluidos en el presunto general de la nación para 2017. Puntualizó que a los policías de nivel básico, la mayoría de los 23.000 miembros de la corporación policial, “reciben salarios de hambre” y el aumento que les dan cada cuatro años es de 25,44 dólares, “lo que representa cincuenta centavos de dólar al mes”.
Entre las demandas destaca la exigencia de los médicos y trabajadores del sector Salud, que exigen que el gobierno haga efectivos a partir de enero los aumentos salariales aprobador por ley y que las autoridades se niegan rotundamente a cumplir.
Según la ley de escalafón, los empleados del ministerio de Salud Pública recibirían un aumento del 5%, 4% y 3% según una evaluación por su desempeño laboral. Este beneficio, resultado de jornadas de protestas, paros y marchas, fue acordado en 1993.
La conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) ha forzado al gobierno a iniciar el 2017 sin un Presupuesto General de la Nación 2017 emitido debido al incumplimiento del partido oficialista de varios acuerdos fiscales, entre ellos el pago del escalafón y la mejora de los empleados de Seguridad.
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