El mandato de vacunas contra el covid-19 es un tema que divide profundamente a Estados Unidos por argumentos que van desde lo político hasta lo religioso. El gobierno federal enfrenta una lluvia de demandas de estados republicanos para frenar la vacuna obligatoria.
El gobierno argumentó ante una corte de apelaciones que su administración federal tiene el poder para exigir a los grandes empleadores la vacunación de sus trabajadores contra el covid-19 o mascarillas y pruebas obligatorias semanales para descartar contagios.
El Departamento de Justicia hizo una presentación ante la Corte de Apelaciones del 5º Circuito para pedir que se anule el bloqueo temporal al mandato emitido por el gobierno federal y que debería cumplirse para los primeros días de enero de 2022.
En su presentación, la administración de Biden enmarcó su mandato de vacunas para empleadores privados en términos de “vida o muerte”. Su acción legal fue en respuesta a una suspensión sancionada por esa misma corte con sede en Nueva Orleans, Louisiana. Detener la entrada en vigor del mandato solo prolongará la pandemia y “costaría decenas o incluso cientos de vidas por día”, dijeron los abogados de los departamentos de Justicia y de Trabajo.
El mandato que emitió el Gobierno se aplicaría a empresas privadas con más de 100 trabajadores. Los empleados que no reciban las vacunas antes del 4 de enero deberán usar una mascarilla y ser examinados semanalmente para detectar si contrajeron el coronavirus.
Las reglas emitidas por la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) crean exenciones para los trabajadores que citan objeciones religiosas y para aquellos que no interactúan en persona con compañeros de trabajo o clientes, así como para aquellos que trabajan solo al aire libre.
Luego de que se conociera esa regla, más de dos docenas de fiscales generales estatales republicanos, empresas, grupos religiosos y asociaciones conservadoras presentaron demandas con el argumento de que el gobierno federal no tiene derecho a hacer la regulación. Argumentan, entre otros motivos, que el covid-19 no es un peligro específico en los espacios de trabajo.
Los abogados del gobierno por contra parte, indican que los riesgos son mayores sin el mandato que con él: “Las lesiones declaradas por los peticionarios (los demandantes), por el contrario, son especulativas y remotas y no superan el interés en proteger a los empleados de un virus peligroso mientras este caso avanza”.
Son 27 los estados los que presentaron impugnaciones legales en al menos 6 tribunales de apelaciones federales después de que OSHA publicara sus reglas la semana pasada.
Todos los estados demandantes tienen un gobernador o un fiscal general republicano. Otro signo de las divisiones partidistas e ideológicas que hay en torno a un tema de salud pública como la vacunación.
Se ha dicho que la vacunación generalizada es la forma más rápida de salir de la pandemia. Pero los empleadores han retrocedido, diciendo que temen que el mandato lleve a muchos de sus trabajadores a renunciar.
Los mandatos de vacunas, incluidos los de ciertos empleados federales, contratistas y militares, son un componente clave de la estrategia de la administración Biden para contener una pandemia que ha matado hasta ahora a cerca de 800,000 personas en Estados Unidos.
