El Tribunal Regional Federal de Brasilia anuló una de las dos sentencias cautelares que suspendieron la investidura del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva como jefe de gabinete de Dilma Rousseff, informaron fuentes oficiales.
La decisión de la corte dio la razón a la apelación presentada por el gobierno, que argumentó “falta de imparcialidad” por parte del juez Itagiba Catta Preta Neto, del Tribunal Federal de Brasilia.
El magistrado Catta Preta había fundamentado su decisión en el riesgo de que Lula use su cargo para promover una “intervención” en la actividad de investigación de la Policía, la Fiscalía y el Poder Judicial.
Otra decisión cautelar sigue en pie, la dictada por la magistrada Regina Coele Formisano, titular del sexto juzgado federal de Río de Janeiro, por lo que Lula sigue sin poder ejercer su nuevo cargo de ministro.
La oposición y ciudadanos particulares presentaron numerosas demandas en tribunales de todo el país para tratar de impedir el nombramiento de Lula, pero el gobierno anunció que va a recurrir todas ellas.
Las causas cuestionan la legalidad del nombramiento debido a los procesos abiertos contra Lula por supuesta corrupción y por el peligro de que use su cargo para obstruir la justicia.
Lula es investigado por supuestos delitos como lavado de dinero y falsificación y dos de los procesos abiertos contra él estaban en manos del juez Sergio Moro, titular del decimotercer juzgado federal de la ciudad de Curitiba, pero fueron transferidos al Supremo debido a que el cargo de ministro le concede fuero privilegiado.
Uno de los argumentos que usó la jueza de Río de Janeiro fue que el Tribunal Supremo es una corte en la que “siete de sus once magistrados fueron nombrados por el partido actualmente en el gobierno”.
La decisión definitiva acerca de la validez jurídica del nombramiento será tomada precisamente en el Supremo, una corte en la que tramitan por lo menos diez causas contra el nombramiento presentadas por la oposición.
Brasileños exigen en las calles y a ‘cacerolazos’ la renuncia de Rousseff
Cientos de brasileños salieron a las calles de diversas ciudades para exigir nuevamente, luego de una multitudinaria marcha el domingo, la renuncia de la presidenta Dilma Rousseff.
La policía dijo que 2 mil 500 personas se manifestaron fuera del palacio presidencial en la capital, Brasilia, y que otras salieron a la Avenida Paulista en Sao Paulo. Decenas de legisladores opositores interrumpieron la sesión de Congreso, pidiendo la renuncia de Rousseff.
Lula, cuya designación como ministro fue anunciada en una edición especial del diario oficial, ahora sólo puede ser juzgado por el Supremo Tribunal de Justicia. Fiscales estatales y federales lo habían acusado de lavado de dinero y fraude y habían solicitado su arresto.
El juez federal Sergio Moro, quien está a cargo de un creciente caso sobre corrupción, dijo en un documento de la corte divulgado el miércoles que la conversación telefónica muestra que Lula y la presidenta Dilma Rousseff consideraron intentar influir en su investigación.
Observo que, en algunos diálogos hablan sobre, aparentemente, intentar influir u obtener asistencia de los fiscales o de las cortes en favor del ex presidente”, escribió Moro en el documento publicado en el sitio en internet del tribunal.
Moro sostuvo que no hay información de que efectivamente se haya realizado un intento por influir en las autoridades. La grabación, que fue hecha pública por el tribunal, también incluye una parte en la que Rousseff le ofrece a Lula enviarle una copia de su designación, “en caso de que fuese necesaria”.
Los críticos calificaron la designación de Lula, un líder carismático que sigue siendo una de las figuras más influyentes de Brasil a pesar de que dejó la presidencia hace seis años, como un intento desesperado por evitar el juicio político a Rousseff y un arresto del ex mandatario.
Rousseff dijo que Lula fue nombrado por su experiencia y señaló que tiene un pasado defendiendo la estabilidad fiscal y combatiendo la inflación. Agregó que su designación no significa que esté por encima de la investigación, ya que aún puede juzgarlo el máximo tribunal del país.
