Tribunal de Ética cerca de finalizar investigación del director de las cárceles Osiris Luna

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El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) se encuentra en la fase final de una investigación en contra del director de Centros Penales, Osiris Luna.

Luna está incluido por Estados Unidos en una lista de «actores corruptos» del gobierno de El Salvador.

El presidente del TEG, Néstor Castaneda, dijo a radio YSKL que la resolución del caso podría darse «en unos 30 días, porque ya avanzamos bastante».

«Al director de Centros Penales lo tenemos en investigación en este momento y ya estamos en la parte final», explicó Castaneda al ser preguntado en los detalles del caso.

Castaneda indicó que si bien los presidiarios pueden ser autorizados para realizar trabajos de utilidad pública, se averigua si fueron utilizados para trabajar en un terreno privado, propiedad de una amiga y socia de la madre de Luna, por lo que han indagado en el Registro de la Propiedad la situación jurídica del lugar y han pedido información a la autónoma Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), entidad que realizaba los trabajos asistida de varios prisioneros del sistema penal salvadoreño.

El 20 de septiembre pasado, abogados de la organización humanitaria Cristosal presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso para que se investigue a Luna.

El aviso se basa en publicaciones del medio digital El Faro y del periódico el Diario de Hoy (EDH) de abril pasado en las que se señala «la utilización de reos en fase de confianza y maquinaria de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) para la construcción de un rancho de playa de una amiga de la madre de Luna».

Tras las publicaciones, ANDA anunció que en el sitio se realizaba la construcción de una planta desalinizadora, sin embargo, de inmediato cesaron los trabajos al ser descubierto el caso.

Luna es uno de los señalados en 2021 por el Departamento de Estado de EE.UU. en su lista de 55 supuestos «actores corruptos y antidemocráticos» centroamericanos.

También fue sancionado bajo la Ley Magnitsky junto a otro funcionario con quien supuestamente «dirigieron, facilitaron y organizaron una serie de reuniones secretas en las que participaron líderes de pandillas encarcelados» y que «formaban parte de los esfuerzos del Gobierno de El Salvador por negociar una tregua secreta con los líderes de las bandas».