A pesar de que un juzgado salvadoreño ordenó el pasado 20 de diciembre poner en libertad a Juan Esteban Eusse Ramírez, Bayron Andrés Rodríguez Sánchez y Mahyk Deivy Aldana Rayo, tres jóvenes colombianos capturados bajo el régimen de excepción del gobierno de Nayib Bukele, la Fiscalía General de la República les imputó un nuevo delito para mantenerlos presos, una acción reñida con la Justicia Internacional y la Dirección de Centros Penales se niega a devolverles su libertad.
“Estos actos [de desacato] son ilegales. Se está evadiendo el cumplimiento de una resolución judicial. Estamos ante una violación al estándar internacional de Derechos Humanos”, aseguró Jonatan Sisco, abogado de la organización salvadoreña Cristosal.
Eusse, Rodríguez y Aldana hacen parte de un grupo de 85* colombianos que aún están detenidos en El Salvador. Un infierno que comenzó desde el régimen de excepción que instauró el presidente Nayib Bukele, en marzo de 2022 para hacer frente a los grupos criminales. Se trata de una medida prevista que permite al Estado limitar los derechos fundamentales ante una situación extraordinaria y temporal.
“Las personas detenidas carecen de lo que conocemos como presunción de inocencia (…) les han cortado los derechos establecidos en el artículo 29 de la Constitución. Una llamada anónima es criterio suficiente para que un policía pueda llevarse a alguien preso”, explicó la abogada Ingrid Escobar.
Según reconstruyó Cuestión Pública a partir de recabar con fuentes en el país, Aldana fue detenido por las autoridades en la calle y obligado a trasladarse a su residencia donde vivía junto a Rodríguez y Eusse, en el municipio de Ilopango, San Salvador.
Una vez allí, el 21 de enero de 2023, las autoridades capturaron a los tres jóvenes. Según supo este medio, todos tenían estatus de turistas y trabajaban como cobradores al servicio de una oficina de prestamistas. Después de la redada fueron acusados por el delito de agrupaciones ilícitas, el mismo que le fue imputado a la mayoría de Maras Salvatruchas, el recién declarado grupo terrorista, detenidos en las cárceles de Nayib Bukele. También por porte de objetos robados, tipificado como «receptación». Los tres fueron llevados a la cárcel de Jucuapa, Usulután.
“Las pandillas de El Salvador no permiten extranjeros en sus filas. Si ellos prestaban dinero bajo intereses, no es ilegal. Para hacer préstamos se necesita una empresa o sociedad constituida legalmente. Lo único a lo que se podrían hacer acreedores era a una multa por no tener registro de comercio en el sistema financiero. A lo sumo, una expulsión del país”, explicó a Cuestión Pública Carlos Ernesto Quiteño Brizuela, quien hasta hace poco fue abogado de los jóvenes.
“Las personas detenidas [en El Salvador] carecen de lo que
conocemos como presunción de inocencia”: Ingrid Escobar
A inicios de 2024 los jóvenes permanecen recluidos, pese a que el tribunal superior encargado del caso, que en El Salvador se llama Cámara Especializada de lo Penal, estipuló que las evidencias contra los tres colombianos no eran suficientes para sostener un delito de esta naturaleza, según relató el abogado Quiteño Brizuela. Se suponía que con la boleta de libertad debían salir del penal en los próximos cinco días.
El abogado Quiteño Brizuela se desplazó al Centro Penal de Jucuapa, ubicado a tres horas y media de la capital, para hacer efectiva dicha orden el pasado 3 de enero de este año. Todo se enrareció cuando, en pleno trayecto, se comunicó con la dirección de la cárcel para confirmar su llegada. Allí le informaron que un mes atrás se había realizado una nueva imputación por lavado de activos.
“Las pruebas eran muy débiles para que un juez complaciera a la Fiscalía (…) Dijeron que era receptación, pero no había nada robado. Tenían las tarjetas legales de las motos. Uno andaba con 60 dólares, el otro andaba con 200 y el otro con 400. Eso es ridículo”, señaló el abogado Quiteño Brizuela.
La Fiscalía salvadoreña les negó la libertad con la nueva imputación del delito de lavado de activos el 7 de diciembre de 2023, acusados de pertenecer a una red de prestamistas y lavado de dinero, pese a que su defensa logró demostrar ante el juzgado la falta de material probatorio en el primer proceso.
De acuerdo con la versión del abogado, la oficina de prestamistas en la que trabajaban Eusse, Rodríguez y Aldana pagó mil dólares de fianza por la liberación de cada uno. Según comentó, abandonó el caso al no recibir un pago de 3.500 dólares por sus honorarios. “Como no salieron, ellos [la oficina] estaban muy inconformes. Hasta cierto punto los comprendo, pero me he ganado ese dinero”, concluyó.
