A dos días del ultimátum sentenciado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Ejecutivo y el Legislativo no se ponen de acuerdo.
Los plazos para la apertura gradual de la economía de El Salvador, la Transparencia y rendición de cuentas de manera oportuna de la gestión del Ejecutivo y la declaración de Emergencia, lo que permite al Gobierno disponer de fondos a criterio y realizar compras y contratos sin aplicar la ley LACAP, son algunos de los puntos que los representantes del presidente Nayib Bukele se niegan a negociar con la Comisión Política de la Asamblea Legislativa.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, dijo a periodistas que las diferencias marcadas entre el Ejecutivo y Legislativo, no van encaminadas a imponer un criterio a otro, ya que, “nosotros (los diputados) no estamos en esa línea”.
El FMLN objeta de manera absoluta el uso discrecional de los fondos y la falta de informes por parte del Ejecutivo.
Tanto ARENA, como el FMLN y el PDC demandan informes de rendición de cuentas oportunos y se quejan de informes escuetos y parciales entregados por el Gobierno a la Asamblea. El Gobierno se niega rotundamente a ceder en esto.
ARENA se niega a que, además de la emergencia nacional, el Ejecutivo demande se declare como una ley de desastre natural y estado de calamidad.
El FMLN propone que la apertura del transporte público debe darse desde la primera fase de apertura, ARENA y el PCN consideran que el transporte colectivo debe activarse, pero de manera gradual y de acuerdo a la implementación de cada fase del acuerdo de apertura económica al que se llegue.
Si bien tanto los partidos políticos como el Ejecutivo están de acuerdo en que la apertura del transporte público debe ser acompañada de medidas sanitarias, las dos partes difieren en el cuando y de que manera debe hacerse.
Otros puntos en los que no hay acuerdo en el acceso a la información, que los diputados demandan y el Ejecutivo niega con el argumento de que asistir los funcionarios de información podrían contagiarse, a pesar que el IAIP ha ofrecido funcionar de manera remota vía internet.
Ponce ha dicho que ante la falta de acuerdos en algunos artículos, que han quedado congelados, sería pertinente dialogar en reuniones bilaterales.
Al cierre del tercer día de reuniones, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han podido avanzar en las negociaciones, cuando quedan dos días para la fecha, 29 de mayo, que ordenó la Sala de lo Constitucional para la emisión de un nuevo decreto, apegado a ley, por parte de la Asamblea Legislativa.
