Agencias.- Hace apenas unos días se decidió suspender de forma indefinida el diálogo nacional de Nicaragua que buscaba superar la crisis que ha cobrado la vida de casi 80 personas; sin embargo,la población no se ha dado por vencida y ha decidido seguir en las calles reclamando justicia y democracia.
Ante la decisión del régimen de no ceder a las peticiones de los estudiantes, la sociedad civil y los empresarios, los obispos que servían como mediadores en el diálogo decidieron poner fin (al menos por ahora) a la mesa de negociación, y en respuesta los nicaragüenses han optado por intensificar las protestas.
El pasado jueves 24 de mayo, el Gobierno presentó su posición frente a al diálogo aseverando que lo que se discutía era una “ruta para un golpe de Estado”, razón por la que se niega a aceptar las condiciones.
Los propios obispos han reconocido que “no se trata de un golpe de Estado” como ha tratado de hacer creer el régimen. Aunque los nicaragüenses sí han pedido la salida del Gobierno y han tratado de hacer que Ortega dimita a su cargo,no han tratado de ningún golpe. De hecho, una de las propuestas en el diálogo fue la opción constitucional de Adelantar las elecciones para que sea el pueblo quien decida democráticamente.
Las declaraciones del Gobierno sobre su posición frente al diálogo causaron enojo en la población y los bloqueos de calles volvieron a aparecer, ya que es uno de los modos de protestar que más ha incomodado al Gobierno.
Incluso el Comité Campesino les dio un plazo de 24 horas a los representantes de Gobierno para que den respuesta a los 40 puntos que quedaron suspendidos en la mesa de diálogo, de no cumplir, las carreteras quedarán bloqueadas en distintos puntos del país.
“Iremos escalonando nuestras medidas hasta que el presidente acepte su renuncia”, informó también el portavoz del movimiento estudiantil 19 de Abril, Rodrigo Espinoza.
Estados Unidos prepara medidas contra el régimen autoritario
La administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha demostrado su fuerte compromiso en la defensa de la democracia, y esta vez, tras la profundización de la crisis en Nicaragua su mirada se dirige hacia ese país.
De acuerdo con diarios locales, como el McClatechy y el Miami Herald, el Gobierno de Estados Unidos ha estado observando todo lo que ocurre en el país centroamericano y está evaluando una serie de opciones entre las que incluyen sanciones contra el Gobierno en caso de que el régimen de Ortega decida no disipar la violencia ni cooperar en la solución de los problemas que atraviesa su país.
“Estamos observando todo esto con suma atención, ya que tenemos que asegurarnos de que el pueblo pidió un diálogo y que el Gobierno participe; el pueblo pidió investigaciones y que el Gobierno las lleve a cabo; los militares dijeron que están fuera de todo eso y deben seguir al margen”, afirmó un alto funcionario estadounidense a McClatchy.
Otro funcionario explicó que las sanciones podrían estar dirigidas a la aplicación de la ley Magnitsky, que niega visas estadounidenses a funcionarios gubernamentales y a sus familiares y les bloquea el acceso a las instituciones financieras del país norteamericano. Al igual que ha ocurrido en Venezuela, las sanciones emitidas por EE. UU. han jugado un rol esencial para ejercer mayor presión al régimen.
“Por primera vez en mucho tiempo, los nicaragüenses no tienen miedo de expresar libremente sus deseos de tener una verdadera opción para determinar su futuro, a pesar de la gran amenaza de violencia en su contra”, manifestó la embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley.
