El presidente Salvador Sánchez Cerén vetó un decreto aprobado por la Asamblea Legislativa que establece que la cantidad de concejales y demás cargos que representan los municipios sea proporcional al número de votos obtenidos.
El decreto vetado, aprobado el pasado 9 de abril, señala que todos los partidos políticos y coaliciones “tienen derecho a participar en la distribución de los regidores propietarios” proporcionalmente, ya sea por cantidad de papeletas necesarias para ganar un concejal o por votos residuales.
En El Salvador, el hecho de ganar unas elecciones municipales, aún siendo por minoría, da derecho a nombrar alcalde, síndico y un número de concejales superior a la proporción de votos obtenidos, por lo que el Parlamento reivindica más equidad y el derecho de los partidos minoritarios a una mayor representación municipal.
Aprobado en la Asamblea con los votos de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), el decreto reclama una “interpretación auténtica” del resultado del recuento electoral, para que los concejos sean “plurales”.
Para Sánchez Cerén, el decreto de la Asamblea Legislativa “intenta establecer una regla no contenida” en el Código Electoral, lo que da lugar a “la creación de una nueva disposición”, explica una nota de la Presidencia salvadoreña.
El mandatario precisó que “devuelve vetado” el decreto, ya que “dentro de las atribuciones de la Asamblea Legislativa está la de interpretar auténticamente las leyes secundarias (decretos)”, tal y como están redactadas.
Según el jefe de Estado, estas leyes tienen un objeto específico o concreto que es el “señalar el sentido en que debe entenderse una ley que ya se encuentra vigente y dicha interpretación tiene el mismo carácter obligatorio que le corresponde a la disposición interpretada”, señala el comunicado.
Por su parte, la Asamblea Legislativa dice que la forma en que están redactadas las reglas descritas en el Código Electoral “da lugar a varias interpretaciones”, que podrían ser “una causa legal para promover procesos de amparo o de inconstitucionalidad por parte de los partidos o coaliciones que se sientan agraviados”.
