El importante periódico guatemalteco Prensa Libre, publica este día un importante reportaje sobre la forma en que las pandillas “Salvatrucha” y Barrio 18 se hacen de las armas con que mantienen aterrorizada a la región.
La información detalla que a diferencia de las rutas de la cocaína, que van de Colombia hacia Estados Unidos, las armas ilegales viajan desde el norte hacia el sur, pero no llegan estrictamente a los lugares de donde salió la droga.
Las estadísticas de la PNC señalan que han sido incautadas mil 134 armas de fuego de distintos tipos en todo el país, durante el período que comprende entre el 1 de enero y el 29 de marzo pasado.
En promedio, las autoridades han decomisado a los delincuentes 13 armas cada día —88 días comprenden el período mencionado—, entre las cuales se encuentran pistolas, revólveres, escopetas, fusiles, ametralladoras y subametralladoras, además de la detención de las personas que de manera ilegal portan el armamento.
Un investigador que pidió no ser citado afirmó que durante el recorrido de las armas de fuego alguna cantidad se va quedando en México, Guatemala, Honduras y otros países, pues para los grupos de narcotraficantes que las reciben significan no solo ampliar su poder, por contar con medios para defenderse y atacar, sino también la posibilidad de recuperar parte del dinero que invierten en la compra de cargamentos de cocaína.
“Mientras que un narco obtiene una pistola, por ejemplo, a un costo de Q3 mil, en relación a la droga que transporta y entrega, puede vender esa arma en Q5 mil. Con eso recuperó su inversión y ganó otros Q2 mil. Lo mismo pasa con fusiles, granadas y otros tipos de armas. Siempre hay ganancias”, aseguró.
Trasiego
Existen varias estructuras delictivas que refuerzan su poder con la adquisición de armas de fuego ilegales, como las pandillas o bandas del crimen organizado y extorsionistas, entre otras.
El entrevistado afirmó que el trasiego de armas se da como una actividad paralela a la de las drogas. Por eso existe el traslado de arsenales entre países.
“Por eso frecuentemente se informa que ha ocurrido un operativo cuyo resultado fue la incautación de armas de fuego y explosivos, y se especifica la actividad de las estructuras que han sido atacadas”, agregó la fuente.
En agosto del 2014 fue incautado un fuerte arsenal en Villa Nueva, y las autoridades capturaron en esa oportunidad a cinco supuestos integrantes de la Mara Salvatrucha que intentaban enterrar el cadáver de una persona.
El pasado 21 de marzo, cuando ocurrió un ataque sistemático en contra de agentes de la PNC, las autoridades capturaron a 13 sospechosos de haber causado la muerte de tres agentes y siete resultaron heridos.
Ninguno de los aprehendidos es calificado como traficante.
Ante ese hecho, el ministro de Gobernación, Francisco Rivas Lara, afirmó que las investigaciones están en curso y que posteriormente se materializarán los resultados.
“Se trata de la focalización de estructuras criminales. En 2016, por ejemplo, ocurrió la captura de unos ciudadanos nicaragüenses vinculados con actividades de la comercialización de armas de fuego. Hemos identificado traficantes de armas de fuego que tienen origen nacional y extranjero; por ejemplo, mexicanos”, explicó.
El funcionario agregó que los casos de menores detenidos por poseer armamento de uso exclusivo del Ejército representan la falta de presencia del Estado.
“Es lamentable que un adolescente tenga en su poder un arma de uso exclusivo del Ejército. Es un reflejo de nuestra sociedad carente de valores, y del Estado, que no ha tenido oportunidad de brindarles desarrollo”, enfatizó.
“Todo tiene interés”
El analista en materia de seguridad del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), Ronaldo Leiva, explicó que la entrega de armas de fuego es solo uno de los medios de pago que tienen los grupos fuertes de narcotráfico.
La fuente aseveró que también es frecuente que se utilice cocaína como medio de intercambio, pero que en ambos casos se trata de fomentar las acciones que podrían ser un distractor para las autoridades.
“Todo tiene un interés. Las armas entregadas a pequeños grupos, o la droga que poseen organizaciones diminutas, hacen que las autoridades traten de evitar el descontrol del crimen. Eso facilita las operaciones de los grandes grupos”, aseguró el experto consultado.
El analista señaló que las maras son organizaciones delictivas que buscan fomentar el caos. Leiva se refirió al auge de la incautación de fusiles AK-47.
“Esa arma es muy codiciada por los grupos del crimen organizado, y ha quedado visto cuando se localizan arsenales. Su poder es muy elevado y las personas que saben utilizarlas son muy eficaces en el manejo de otras armas de fuego”, puntualizó.
Sentencias
Estadísticas del Organismo Judicial indican que entre enero del 2016 y febrero del 2017 fueron emitidas 42 sentencias por transporte ilegal de armas de fuego, por igual número de juicios, de las cuales 31 fueron condenatorias y 11 absolutorias. No se señala cuántas personas enfrentaron los debates.
La Ley de Armas y Municiones establece penas de prisión que van de ocho a 10 años inconmutables, además del decomiso de las armas.
Por portación ilegal de arma de fuego se dictaron 588 sentencias. En 462 casos se declaró culpables a los acusados, mientras que en 126 no se pudo demostrar la responsabilidad de los procesados.
La misma normativa divide la portación en armas de tipo civil y deportivo, de uso militar y de las fuerzas de orden público. En el primero de los casos se señalan penas de cárcel que van de ocho a 10 años inconmutables, mientras que para el segundo se detalla una pena de entre 10 y 15 años de prisión.
En el mismo período se dictaron 20 veredictos por transporte de municiones para arma de fuego, de los cuales 14 fueron condenatorios y seis, absolutorios.
Para el transporte ilegal de municiones se establecen dos penas. Si se trata de armas de uso civil, la sanción es de tres a cinco años de prisión, pero por armamento de uso del Ejército o de las fuerzas de seguridad, la condena es de cinco a ocho años de cárcel.
En el artículo 120 de la Ley se estipula el delito de tráfico ilegal de armas de fuego o municiones, que señala que una persona es responsable de esa acción si importa, exporta, adquiere, vende, entrega,
traslada o transfiere cualquier tipo de arma de fuego, así como sus piezas, componentes o municiones desde o a través del territorio nacional.
En las estadísticas judiciales se indica que en el 2016 ingresaron dos procesos penales por ese delito, pero ninguno ha finalizado con sentencia de un tribunal.
Demuestran poder
En menos de dos horas ocurrieron nueve atentados armados contra agentes y unidades de la Policía Nacional Civil, el pasado 21 de marzo.
Los hechos ocurrieron en diferentes sitios de la capital y municipios aledaños, donde opera la pandilla del Barrio 18.
Las autoridades califican la violencia contra la institución de venganza de la referida organización por haber tomado el control de la correccional juvenil Etapa 2, ubicada en San José Pinula.
Los atentados dejaron como saldo 14 víctimas, entre quienes figuraba un civil y 13 agentes policiales.
Tres de los elementos de las fuerzas de seguridad murieron a causa de la gravedad de las heridas.
Las evidencias recabadas por el Ministerio Público dan cuenta del poder que ostentan los integrantes de la pandilla, pues fueron utilizadas armas de grueso calibre, algunas calificadas como de uso exclusivo del Ejército.
Las acciones policiales dieron como resultado la captura de 13 sospechosos de haber participado en los ataques, a quienes se les incautaron pistolas, fusiles, ametralladoras y subametralladoras.
