Policía brasileña y otros organismos internacionales investigan a ex asesor de Funes

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Un ex asesor en materia de propaganda del ex presidente de la República, Mauricio Funes, está siendo investigado en su país por supuesta evasión fiscal y lavado de dinero.

El brasileño Joao Filho de Santana, principal propietario de la empresa “Comunicación y Marketing S.A. de C.V.,  es actualmente investigado por supuestos delitos de evasión y lavado de dinero según se ha publicado en medios nacionales e internacionales de prensa.

Según medios brasileños, las autoridades sospechan que constructoras brasileñas que operan en Angola destinaron, en 2012, $16 millones a Santana para que pudiera saldar las deudas que el partido de los trabajadores PT, del Brasil, tenía con su empresa Polis Propaganda & Marketing.

Supuestamente la sospecha surgió cuando una sucursal de la empresa de Santana, Polis Caribe, transfirió $16 millones desde República Dominicana, y pagó impuestos de 3 millones por esa transacción. Según las autoridades, no es común que alguien con negocios en el exterior asuma tan elevada carga fiscal para ingresar el dinero a Brasil, de allí que abrieran una investigación ante la versión de que constructoras brasileñas en Angola serían en realidad la fuente de este dinero.

Santana habría ganado mucho dinero en el país gracias a las contrataciones avaladas por el expresidente Funes en Casa Presidencial y varias instituciones estatales.

Santana obtuvo del gobierno salvadoreño contratos millonarios para manejar la publicidad del Estado después que el entonces presidente Mauricio Funes autorizara por la vía directa, el manejo de la publicidad del gobierno a la empresa  Polistepeque de la que se asegura que el ex mandatario era socio importante con el uso de testaferros.

Funes autorizó mediante acuerdo ejecutivo del 19 de noviembre de 2009, sin ningún proceso de licitación pública,  la contratación directa de servicios de agencia de publicidad para el diseño, producción e implementación de campañas para las más de 25 instituciones del Estado.

El monto de las contrataciones del gobierno de Funes con Polistepeque se mantiene en reserva a pesar de que se trata de fondos públicos del Estado aportados por los ciudadanos convirtiéndose en el secreto mejor guardado frente a la demanda de los medios de información de obtener dicha información.

El Diario de Hoy y otros medios electrónicos han solicitado a Capres copias de los contratos otorgados desde 2009 a 2014, el monto pagado por servicios de publicidad a tal firma y copia del acuerdo ejecutivo mediante el cual se avaló su contratación directa pero la respuesta ha sido negativa..

El Diario de Hoy fue específico en su solicitud del pasado 7 de mayo pidiendo al Oficial de Información de la Presidencia de la República información sobre el dinero público con el que se liquidó sus servicios a Santana, un amigo personal del exmandatario que se hizo de los contratos de publicidad de la Presidencia en su gestión y de otras instituciones públicas.

El oficial de información de casa presidencial, Benjamín Pavel, se negó a brindar la información solicitada asegurando que lo contrario afectaría otra posible contratación del Estado con dicha empresa.

Los contratos autorizando cualquier gasto en publicidad o propaganda de casa presidencial tenían que ser autorizados directamente por una señora llamada Patricia  Zablah que operaba bajo las órdenes del ex presidente Mauricio Funes y que ni siquiera Hato Hasbún, que era importante funcionario de la presidencia, sabía de los negocios que autorizaba la señora Zablah.

Santana se ha defendido diciendo que sus  operaciones son  totalmente legales y lo que ganó en Angola durante la campaña presidencial de 2012 “es transparente”

En el país, también habría ganado mucho dinero gracias, en parte, a las contrataciones avaladas por el expresidente Funes en Casa Presidencial y varias instituciones estatales.

fue a través de un acuerdo ejecutivo del 19 de noviembre de 2009 en el que se ordenaba, sin licitación pública, la contratación directa de servicios de agencia de publicidad para el diseño, producción e implementación de campañas para 27 instituciones del Ejecutivo.

De esa manera, Funes se habría saltado la ley de licitaciones públicas que establece que la contratación directa aplica solo cuando el servicio lo brinda una sola fuente o si la especialidad profesional técnica o artística no permite promover una licitación.

Funes admitió su decisión y la justificó en que había hecho una investigación de mercado y no encontraron agencias de publicidad y productoras en el país en calidad y experiencia necesaria para asumir la propaganda o de la publicidad gubernamental. Esa podría ser una de las razones por las cuales Funes estaría siendo investigado junto a su ex asesor brasileño.

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