Al menos 36 pandilleros y colaboradores de pandillas que supuestamente causaron el éxodo de unas 25 familias en Caluco fueron detenidos por las autoridades de Seguridad, informó hoy una fuente de la Policía Nacional Civil (PNC).
El jefe de la PNC de Sonsonate, Hugo Bonilla, aseguró a periodistas que se han “hecho varios esfuerzos para mantener presencia” en la zona para que “la población pueda regresar”.
“Con los equipos tácticos hemos intervenido en busca de los principales sujetos que han estado amenazando a la población y que por temor a ellos muchas familias se han retirado” desde la semana anterior, acotó Bonilla.
Explicó, sin entrar en detalles, que entre los detenidos se encuentran pandilleros y colaboradores de estos, que serán acusados ante los tribunales por los delitos de organizaciones terroristas y extorsión.
En días previos a este éxodo, 40 familias de la localidad de Panchimalco dejaron sus casas por las amenazas de muerte de estas estructuras.
Este lunes, el director de la PNC, Howard Cotto, aseguró que las personas desplazadas forzosamente de sus hogares que no regresan tras brindar seguridad a sus pueblos, tienen vínculos con las pandillas.
“La mayoría de personas ha regresado” y quienes no lo hacen son “los que saben y conocen que dentro de sus familias tienen miembros de organizaciones criminales que han sido amenazados”, dijo Cotto a la prensa.
El jefe policial aseguró que los miembros del cuerpo de Seguridad no son “simples espectadores” en los éxodos forzosos y ejemplificó con el despliegue de 200 agentes que proporcionaron seguridad en Panchimalco después de la huida de 40 familias.
Diferentes organizaciones sociales han criticado al Ejecutivo del presidente Salvador Sánchez Cerén por no reconocer ni atender a las víctimas del desplazamiento forzado que provoca la incesante violencia en El Salvador.
Un estudio publicado a inicios de agosto por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) da cuenta de que esta institución recibió, entre 2014 y el primer trimestre de 2016, un total 236 casos que acumulan 427 víctimas.
En el 86,6 % de las ocasiones los desplazamientos fueron propiciados por las “amenazas, homicidio de un familiar o reclutamiento forzoso” de las pandillas.
Entre enero y agosto pasado, El Salvador acumuló 3.837 asesinatos, con los que se sitúa a 2016 como el segundo año más violento desde 2006, solo superado por 2015.
El número de personas que ha tenido que huir de sus hogares en El Salvador, Guatemala y Honduras se multiplicó por cinco entre 2012 y 2015, hasta 109.800 personas, alertó en junio pasado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
