Organizaciones que promueven activismo politico contra las instituciones del Estado, inconformes con el veredicto de tres jueces en el caso CEL-ENEL, se hicieron presentes a la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se haga una auditoria legal del proceso utilizado para dictar sentencia.
Ramón Villalta de la organización de fachada Iniciativa Social para la Democracia (ISD), manifestó que la auditoria debe incluir una investigación completa del actuar de cada uno de los involucrados en el proceso, desde los abogados defensores, la fiscalía, el juez y los mismos implicados, a fin de determinar si lo actuado fue legal o si hubo vicios en el procedimiento empleado para dejar libres de cargos a los 8 implicados
Villalta, dijo a periodistas que fueron convocados para cubrir la información, que esas organizaciones no buscan cambiar la sentencia que exoneró definitivamente a los imputados, sino poner en evidencia la mala actuación de la Fiscalía y el mismo juez del caso.
Según los activistas, no se debió dejar libre a los involucrados, ya que según un análisis que dicen haber realizado, solo podían quedar libres los empleados de la empresa ENEL, no los funcionarios que según ellos habrían permitido un arreglo perjudicial para la economía del país, acusación que, según la defensa de los imputados, fue desmentido en el juicio.
Además, el representante del ISD, que dirige una campaña mediática en contra de la reelección del actual fiscal general de la República, Luis Martínez, están pidiendo a la Unidad de Desempeño Profesional de la Corte Suprema de Justicia que se investigue desempeño profesional del fiscal.
Como líder de la llamada por algunos analistas “conspiración contra el fiscal”, Villalta impulsa la idea que Martínez ha incumplido con su misión de velar porque se haga justicia a favor del Estado y que por el contrario, se ha mostrado como defensor de involucrados en casos sonados como el de CEL ENEL y el caso que se sigue en contra del ex presidente Francisco Flores.
El caso CEL-ENEL pasó por todas las etapas legales que la ley ordena y los imputados fueron exonerados definitivamente, por unanimidad, por tres jueces de sentencia.
El ISD y otras organizaciones que son utilizadas por algunos grupos de izquierda para atacar las resoluciones de la sala de lo Constitucional y del organismo judicial y ahora de la actividad fiscal, promueven desayunos a periodistas en busca de presencia mediática en los medios de comunicación alegando consignas contra la reelección del Fiscal Luis Martínez.
De acuerdo a abogados y analistas consultados, la situación sería inversa, ya que el malestar de dichas organizaciones de fachada es que el fiscal no se ha prestado a intereses promovidos por el expresidente Mauricio Funes, ISD, ARPAS y otros grupos con intereses específicos que no están apegados a la ley y que son parte de actividades de propaganda del Estado y del partido oficial.
