ONG se reunirá con embajadores acreditados en El Salvador por abusos a Derechos Humanos

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La organización no gubernamental, Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR), solicitará reunirse con embajadores acreditados en el país para tratar la situación de derechos humanos en El Salvador, informó el jueves el directivo Samuel Ramírez.

Ramírez dijo en declaraciones a periodistas que ya han sostenido una reunión con el embajador de Alemania, Peter Woeste, y con otros funcionarios de esa sede diplomática, a quienes «pedimos una audiencia para plantearles lo que pasa en el país».

Señaló que visitarán a otros embajadores y embajadas para que «conozcan, de primera mano, las violaciones a los derechos humanos por parte de este régimen», en referencia a la medida del régimen de excepción, implementada hace ya casi dos años por el Gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas. 

«Aunque se moleste Bukele, vamos a tener que acudir a la comunidad internacional porque en El Salvador, el Estado salvadoreño es un estado fallido para las víctimas del régimen», indicó.

El Movir surgió en agosto de 2022, en defensa de los derechos humanos en El Salvador y ha acompañado a familiares de personas detenidas de forma supuestamente arbitraria durante la medida de excepción. 

En el país han sido capturadas unas 76.000 personas, todas acusadas de ser pandilleros o colaboradores de dichas bandas, estas se suman al menos a 26 mil pandilleros que ya se encontraban presos con sentencia en firme capturados en gobiernos anteriores.

El polémico régimen de excepción, que suspende garantías constitucionales, es un proyecto político que «a Bukele le ha servido para catapultarse a la reelección», que el mandatario obtuvo tras las elecciones del pasado 4 de febrero.

De hecho la medida ha elevado la popularidad del presidente, que cuenta con un alto porcentaje de aceptación entre la población, sobre todo las personas que viven en comunidades y barrios históricamente afectados por la delincuencia de las pandillas o maras, todo producto de campañas millonarias de propaganda pagada con dineros públicos.

Organizaciones nacionales y extranjeras han denunciado violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción y han señalado que la cifra de privados de libertad muertos en custodia estatal ascienden a más de 200, además de unos 23.000 detenidos de forma arbitraria «completamente inocentes».