Nidia Díaz se muestra preocupada ante apertura de caso de masacre de la Zona Rosa y Lolotique

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La ex comandante guerrillera y diputada del FMLN, Nidia Díaz, se mostró contrariada por la denuncia presentada ante los tribunales para que se reabran los casos de la masacre de la Zona Rosa, en 1985 y el asesinato a sangre fría de 3 asesores de los Estados Unidos de Norteamérica, luego del derribo del helicóptero en que eran transportados, en Lolotique, en 1991.

La denuncia fue presentada por el Colectivo de Víctimas de Terrorismo de El Salvador, una agrupación que defiende la libertad y los derechos humanos, que pidió al ministerio Público reabra los dos casos de matanzas perpetradas por ex guerrilleros con el objetivo que se haga justicia.

La petición de “Víctimas del Terrorismo” se ampara en una decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que en julio de 2016 derogó la Ley de Amnistía General decretada en 1993, que impedía investigar y juzgar a los culpables de crímenes cometidos durante los 12 años de guerra civil.

Díaz, que aplaudió la derogatoria de la Ley de Amnistía ante la posibilidad que ex militares y al menos un ex presidente pudieran ser juzgados por la muerte de los líderes intelectuales de la subversión y sacerdotes jesuitas de la Universidad Centroamericana (UCA), a pesar que los responsables de dicho asesinato habían sido juzgados y condenados oportunamente, opina que en esta ocasión “Es caso juzgado y no se puede reabrir”. Esto parece tener como objetivo causar “daño político” y carece de una “base objetiva”, dijo.

La diputada recordó que el departamento de justicia de Estados Unidos abrió una investigación y no mencionó nombres en 1996, pero según abogados consultados, al no haber imputados nu hubo juicio alguno, “una investigación no es un juicio”, manifestó uno de los abogados.

Sin embargo, la diputado Díaz insistió en que “La misma ley dice que la cosa juzgada no se puede abrir, pero será el fiscal el que dictamine el documento presentado”.

El colectivo de víctimas del conflicto armado pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la masacre y los asesinatos, que fueron ordenados por los comandantes del PRTC, el ERP y el FMLN, entre los que se encuentra el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén.

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