La jueza de la Sala de Mayor Riesgo y Extinción de Guatemala, Anabela Cardona, denegó este lunes una apelación de la ex vice presidenta Roxana Baldetti contra la medida judicial que embargó bienes e inmovilizó cuentas bancarias de la ex funcionaria y de su esposo Mariano Donald Paz.
La jueza Cardona explicó, acompañada de los jueces vocales Marvin Reyes y Ramón Pineda, que “están justificados” los embargos de sus tres propiedades, dos situadas en la Ciudad de Guatemala y una más en un una playa del Océano Pacífico.
Los inmuebles fueron embargados este mes por el juez Marco Antonio Villeda, a cargo de la Extinción de Dominio, por las posibles implicaciones de la pareja en el escándalo de corrupción y la ausencia de un perfil económico que justifique el poder de adquisición de las propiedades.
Otra propiedad del esposo de Baldetti, tasada entre tres y cuatro millones de dólares según expertos citados por medios locales, también fue embargada el fin de semana en el departamento de Chimaltenango
La Ley de Extinción de Dominio, aprobada en 2011 en Guatemala, faculta a las autoridades para confiscar a los delincuentes los bienes adquiridos en actividades ilícitas y a su utilización por parte del Estado.
La exfuncionaria abandonó el Organismo Judicial sin decir una palabra, en compañía de su esposo y su abogado, en medio de empujones entre periodistas, reporteros gráficos y su seguridad personal, más de dos meses después de su última aparición pública.
“Esto va en contra de la Justicia”, dijo el abogado Mario Cano, representante de Baldetti, en declaraciones a periodistas después de conocer la sanción, donde se quejó además por la “parcialidad” del Organismo Judicial.
El jurista recordó que otros seis millones de quetzales (770.000 dólares) han sido inmovilizados a Baldetti en cuentas bancarias, por lo que la vicepresidenta se encuentra “en estado de indefensión” para pagar los tres inmuebles que adquirió junto a su esposo y están embargados.
Baldetti dimitió de la Vicepresidencia del país el pasado 8 de mayo, salpicada por un escándalo de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), supuestamente liderado por su secretario privado, Juan Carlos Monzón Rojas, prófugo de la justicia.
La supuesta estructura criminal millonaria, de contrabando y defraudación aduanera ingresó al menos 500 contenedores de manera ilegal al país centroamericano, en coordinación con al menos 27 funcionarios y particulares, quienes se encuentran detenidos desde el pasado 16 de abril.
El embargo implica que las tres propiedades, a nombre de Baldetti y su esposo, no pueden cambiar de dueño ni modificar su estado en el registro legal.
La ex vicepresidenta renunció después de al menos dos multitudinarias manifestaciones y la exigencia de la cúpula empresarial de dejar el cargo por el escándalo de corrupción.
Otra propiedad del esposo de Baldetti, tasada entre tres y cuatro millones de dólares según expertos citados por medios locales, también fue embargada el fin de semana en el departamento de Chimaltenango.
