El Ministerio Público (Fiscalía) de Guatemala aseguró el viernes que las elecciones ganadas este 2023 por el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, no son válidas por irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral.
La Fiscalía, a quien Arévalo de León acusó en septiembre de llevar a cabo un «golpe de Estado» (cosa imposible al no haber sido juramentado presidente) en su contra, indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios «son nulas de pleno derecho» ya que «no fueron autorizadas» inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral.
La invalidación de los resultados electorales fue presentada en una rueda de prensa por la fiscal Leonor Morales, quien dijo que deben quedar anuladas las elecciones de presidente, diputados, alcalde y diputados al Parlamento Centroamericano.
Como razón para la anulación de las elecciones, Morales afirmó que existe una irregularidad administrativa, ya que las actas electorales utilizadas no son las aprobadas originalmente por el Tribunal Supremo Electoral.
«Los formatos utilizados no fueron los aprobados por el pleno de magistrados», aseveró Morales, quien añadió que las votaciones «son nulas de pleno derecho».
En la misma rueda de prensa, la Fiscalía señaló a Arévalo de León por supuestas ilegalidades en la formación de su partido en 2018, el Movimiento Semilla, además de un presunto caso de lavado de dinero.
La postura del Tribunal Supremo Electoral
A pesar de la acusación de la Fiscalía, la presidenta del Tribunal Supremo Electoral guatemalteco, Blanca Alfaro, indicó este viernes que los resultados de los comicios están firmados y certificados, aunque también señaló que una sentencia distinta de la Corte de la Constitucionalidad, máximo tribunal del país, podría anular su decisión.
«Si no toman posesión, reitero, habría rompimiento del orden institucional«, dijo Alfaro en referencia a la posibilidad de que se anulen los comicios y Arévalo de León no sea investido el próximo 14 de enero, como está establecido en la ley guatemalteca.
«No hay tiempo absoluto para que podamos de ninguna manera repetir ninguna elección«, añadió la presidenta del tribunal electoral. Además, Alfaro explicó que el Ministerio Público tiene derecho a realizar «investigaciones», pero que las mismas no implican la anulación de los comicios, y defendió también la transparencia del proceso electoral.
