La cárcel que enterró la excepción costarricense
Durante décadas, Costa Rica fue la excepción de Centroamérica. Abolió su ejército en 1948, construyó instituciones que limitaban al poder y presumió, con razón, de ser la “Suiza centroamericana”. Esa reputación no era un eslogan turístico. Era el resultado de una cultura jurídica en la que el Estado se sometía a la ley, incluso cuando le resultaba incómodo.
Esa cultura recibió esta semana un golpe simbólico con la inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una prisión para 5,100 reclusos que costó unos 35 millones de dólares y que el propio Gobierno presenta como réplica del CECOT salvadoreño. La presidenta Laura Fernández no lo esconde: considera a Nayib Bukele un referente en seguridad. El mandatario salvadoreño estuvo en enero en el acto de la primera piedra, junto al entonces presidente Rodrigo Chaves, hoy ministro de la Presidencia y de Hacienda.
Seamos claros sobre lo que está en juego. Costa Rica enfrenta una crisis de violencia real, con cerca de 900 homicidios al año, de los cuales las autoridades atribuyen el 70 % al narcotráfico. Ningún gobierno puede ignorar esas cifras, y quien las minimice le falla a las víctimas. Pero reconocer la gravedad del problema no obliga a aceptar cualquier respuesta.
El problema del CACCO no es el cemento, sino lo que representa. Es una obra concebida como espectáculo político. La presidenta propuso llevar a estudiantes de barrios peligrosos a ver cómo viven los presos, como si el castigo ejemplar sustituyera a la política social. Su Gobierno ha recortado visitas conyugales, retirado enchufes de las celdas y cerrado los comercios internos de los penales. La Defensoría de los Habitantes condenó un video del Ministerio de Justicia en el que se exhibía a reclusos tendidos en el suelo. En una democracia, la dignidad de un detenido no depende de su popularidad, y un Estado que se goza en humillar a los presos termina por perder la autoridad moral para exigir respeto a la ley.
A esto se suma el contexto. El discurso de mano dura va acompañado de críticas constantes al Poder Judicial, el contrapeso que en Costa Rica ha impedido que el Ejecutivo haga lo que quiera. La cárcel ya enfrenta además un amparo presentado por un profesor de la Universidad de Costa Rica. Cuando el poder trata a los jueces como estorbo y a los controles como obstáculos, la cárcel deja de ser un edificio y se vuelve un mensaje: la ley es lo que el gobernante decida.
El Gobierno asegura que evitará las detenciones masivas y la suspensión generalizada de derechos que caracterizan el modelo salvadoreño. Ojalá lo cumpla, y los costarricenses tienen derecho a exigírselo cada día. Pero conviene recordar que Costa Rica ya tenía un problema carcelario que la nueva megaprisión no resuelve. A febrero, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura reportaba 19,453 personas privadas de libertad y una sobrepoblación del 46,4 %, con centros que llegaban al 134 %. Una cárcel para 5,100 internos no soluciona un sistema que hacina a casi 20,000.
La experiencia de la región enseña que las democracias rara vez mueren de golpe. Se erosionan por etapas, con medidas populares que van normalizando la excepción. Los críticos del modelo Bukele no discuten que dé resultados en la baja de homicidios. Discuten el costo institucional: la ausencia de transparencia, de controles y de garantías para quien cae en el sistema.
Costa Rica puede y debe combatir al narcotráfico. Pero debe hacerlo con inteligencia financiera, investigación criminal, un poder judicial fuerte y prevención social, y no con una escenografía importada. Si el país renuncia a la legalidad como su mayor patrimonio para parecerse a quienes lo admiran por su ejemplo, habrá perdido lo único que lo hacía distinto.
