Asamblea Legislativa avala que la DOM transfiera bienes del Estado a sociedad anónima privada
La Asamblea Legislativa autorizó el traspaso de maquinaria de la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM) a una sociedad anónima cuya accionista mayoritaria es la propia DOM. La operación se suma a anteriores transferencias de equipos públicos y reabre el debate sobre la transparencia y el destino de los recursos estatales
La Asamblea Legislativa de El Salvador autorizó la transferencia de 50 camiones de la marca Sany, modelo 2025, valorados en aproximadamente 5.7 millones de dólares, a Constructora El Salvador, una sociedad anónima industrial vinculada a la Dirección Nacional de Obras Municipales (DOM), que posee la mayoría de sus acciones.
La medida recibió 57 votos favorables y tres en contra. La respaldaron los diputados de Nuevas Ideas, Concertación Nacional y Democracia Cristiana, mientras que los votos negativos correspondieron a legisladores de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y Vamos.
Según los datos incluidos en la propuesta, cada vehículo tiene un valor de 115,081.02 dólares. El decreto contempla el traslado de bienes muebles e inmuebles para ampliar la capacidad operativa de la constructora y facilitar su participación en proyectos públicos y privados, tanto en El Salvador como en el extranjero.
El argumento oficial es que la empresa podrá obtener ingresos mediante la ejecución de obras y destinar sus utilidades a la DOM, con el propósito de financiar proyectos municipales. Sin embargo, la operación plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión, la administración de los activos transferidos y la rendición de cuentas de una compañía que compite en el mercado utilizando bienes procedentes de una institución financiada con recursos públicos.
Una constructora con participación estatal
Constructora El Salvador fue creada en 2023, después de que la Asamblea Legislativa reformara la normativa que regula la DOM para permitirle establecer sociedades orientadas a ejecutar proyectos de interés público y desarrollar actividades comerciales.
Entre sus atribuciones figura la ejecución de obras en los distintos distritos del país, así como la participación en licitaciones públicas y privadas. Bajo este esquema, la empresa busca operar como una contratista capaz de obtener ingresos por la realización de proyectos, además de atender las necesidades de infraestructura impulsadas por las instituciones estatales.
La participación mayoritaria de la DOM convierte el traslado de maquinaria en una operación entre una entidad pública y una sociedad comercial bajo su control mayoritario. Este vínculo hace especialmente relevante conocer las condiciones económicas de las transferencias, los procedimientos de contratación aplicables y los controles establecidos para evitar ventajas indebidas frente a otros competidores.
Antecedentes de transferencias millonarias
El traspaso de los 50 camiones no constituye el primer aporte de bienes públicos a Constructora El Salvador. En abril de 2023, la sociedad recibió equipos y plantas asfálticas valorados en alrededor de 14.1 millones de dólares, de acuerdo con los antecedentes incluidos en la información sobre la operación.
Ese mismo año se aprobó otro paquete de transferencias que comprendía maquinaria y equipos para construcción, entre ellos las plantas asfálticas de Amayo y Lolotique, con valores reportados superiores a 1.1 millones de dólares y de 973,400 dólares, respectivamente.
El conjunto de bienes transferidos también incluía 57 unidades de maquinaria pesada, valoradas en más de 11.9 millones de dólares. Entre ellas figuraban excavadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras, rodillos compactadores, camiones de volteo y pavimentadoras.
A ese inventario se sumaban 93 equipos de construcción valorados en 165,336 dólares, entre los que se encontraban compactadores, mezcladoras de concreto y cortadoras de concreto.
Estas operaciones representan una ampliación de los recursos materiales disponibles para la constructora y evidencian la importancia de establecer con claridad el valor actualizado de los activos, su destino operativo y los resultados económicos que generan para el Estado.
Debate sobre el uso de bienes públicos
La autorización legislativa provocó cuestionamientos de diputados que señalaron la necesidad de transparentar el destino de los recursos públicos y conocer quiénes integran la junta directiva de Constructora El Salvador.
Las críticas se centran en la conveniencia de transferir activos financiados con fondos estatales a una sociedad que puede competir por contratos con empresas privadas. La discusión también alcanza la forma en que se contabilizan los bienes, cómo se distribuyen las utilidades y qué mecanismos permiten comprobar que los ingresos obtenidos benefician efectivamente a las instituciones públicas.
La fracción de Nuevas Ideas defendió la decisión. El diputado William Soriano argumentó que la DOM ha ejecutado más de 65 proyectos en el departamento de La Unión y sostuvo que el fortalecimiento de la constructora permitirá mantener y ampliar las obras de infraestructura.
Entre los proyectos mencionados por los defensores de la medida figuran intervenciones en escuelas, hospitales, calles, puentes, unidades de salud, centros urbanos y sistemas de abastecimiento de agua potable.
La DOM se financia mediante ingresos corrientes del Estado, asignaciones del Fondo General de la Nación y préstamos. Por ello, el traslado de maquinaria y otros activos plantea la necesidad de distinguir entre los recursos destinados directamente a las obras municipales y los aportes patrimoniales realizados a la sociedad comercial.
La aprobación legislativa permite avanzar con la transferencia, pero la evaluación de sus resultados dependerá de información verificable sobre el uso de los camiones, los contratos adjudicados, los costos operativos, los ingresos obtenidos y las utilidades que eventualmente se entreguen a la DOM.
La cuestión central será determinar si la ampliación de la capacidad de Constructora El Salvador se traduce en más obras y un uso eficiente del patrimonio público, bajo condiciones de transparencia y controles que permitan fiscalizar los recursos aportados por el Estado.
