La Corte Suprema de Justicia recibió un estudio jurídico en el que varios abogados de la república que se han distinguido en las distintas ramas del derecho pero especialmente el constitucional recomiendan la no extradición de los 17 militares a quienes se vincula con el asesinato de seis jesuitas y dos de sus empleadas en 1989. Cuatro de ellos se encuentran detenidos a solicitud del juez español Eloy Velasco.
Los académicos que han actuado de manera oficiosa y que son reconocidos nacional e internacionalmente como profesionales de gran prestigio, son Angel Góchez Marín. Enrique Borgo Bustamante, René Fortín Magaña, José Domingo Méndez, Mario Antonio Solano y René Hernández Valiente.
Los juristas aclaran a la Corte que su gestión es eminentemente jurídica y en favor de la soberanía nacional y que no significa una aprobación del crimen cometido en la personas de los jesuitas. Asimismo explican que , en su opinión, la extradición es improcedente porque el Tratado entre España y El Salvador es de 1997 y no aplica a delitos cometidos antes. Los abogados sostienen además que el tratado con España no está por encima de la Constitución.
“Queremos dejar constancia que este estudio es eminentemente jurídico, puesto que los suscriptores somos todos abogados de la República y no significa desde ningún punto de vista que estemos justificando de alguna manera la comisión de tan abominable crimen”, señalan en el escrito.
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