Guatemala: Fiscal Porras a presidente Arévalo, «No voy a renunciar»

La fiscal general llamó al presidente guatemalteco a que "presenten las denuncias con sus respectivas pruebas sobre cualquier acto de corrupción"

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La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras -quien impulsó una ofensiva judicial que puso en jaque la investidura del presidente Bernardo Arévalo de León- descartó renunciar al cargo y acudir el miércoles a una citación del nuevo mandatario.

«Quiero enviar un mensaje claro y contundente al pueblo de Guatemala y al presidente de la República para hacerle saber de forma categórica que soy respetuosa de las leyes del país y, en consecuencia, cumpliré con el mandato constitucional de cuatro años para el cual fui reelecta (que vence en 2026) y, en consecuencia, no voy a renunciar», dijo la fiscal en un video publicado en redes sociales.

El 18 de enero, cuatro días después de asumir como presidente, Arévalo de León le envió un oficio a la fiscal general para citarla a una reunión, en la que se esperaba que le pidiera la renuncia como previamente lo había anunciado. Ante esto, Porras evitó acudir a la citación y en su lugar publicó el video.

«La Constitución es clara al respecto y establece un mandato legalmente determinado que debo cumplir a cabalidad, por lo que usted como máxima autoridad de la nación debe respetar lo que establece la carta magna y las leyes del país», insistió la fiscal al gobernante.

Además, Porras aseguró con tono enérgico que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) no «está supeditado a ningún poder del Estado por ser una institución autónoma e independiente» por lo que «ninguna autoridad podrá dar instrucciones al jefe del Ministerio Público o sus subordinados respecto a la forma de llevar adelante la investigación penal o limitar el ejercicio de la acción».

La funcionaria afirmó que actuará conforme a las leyes del país y por ello «atender citaciones, invitaciones o reuniones para discutir procesos bajo investigación del Ministerio Público constituiría inobservar la normativa legal y constitucional vigente».