Un 43.3 % de las masacres en el país durante los últimos 3 años han sido producto del sicariato, grupos de exterminio y narcotráfico.
El resto, un 56.7 % es producto de las pandillas que acosan a la población salvadoreña en general.
Sin embargo, la Policía Nacional Civil (PNC) sostiene ante periodistas que casi todos los asesinatos registrados en El Salvador son cometidos por pandilleros.
De acuerdo al Ministerio Público, en declaraciones brindadas a la agencia española EFE, en los últimos 3 años se perpetraron 277 masacres, de las que 157 (56,7 %) son atribuidas a las pandillas y 120 (43,3 %) a grupos de exterminio u “otros” (léase sicariato y narcotráfico).
Según los datos aportados por el ente Fiscal, las víctimas de estas masacres ascienden a 1.011, donde unas 573 fueron asesinadas por las pandillas y 438 por grupos de “limpieza social” o sicarios.
Del total de asesinados, el 58,36 % (590) eran pandilleros del Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS13) y en el 41,64 % (421) de los casos no se estableció relación de pertenencia a esas estructuras.
Las masacres son catalogadas donde hay más de tres personas asesinadas en el mismo hecho y han experimentado una tendencia al alza.
Tan solo en 2015 la cantidad de víctimas de masacres se disparó en más de un 143 % respecto a 2014, pasando de 172 a 419.
De la misma manera, el número de personas asesinadas en masacres se incrementó en un 13,5 % entre enero y octubre pasados, cuando se contabilizaron 420 víctimas en comparación con el mismo lapso de 2015, cuando se registraron 370 muertos.
El exprocurador de Derechos Humanos salvadoreño David Morales aseguró en una entrevista con periodistas que las modalidades en las que esta “limpieza social” se ejerce son dos: grupos de exterminio y ejecuciones extrajudiciales por agentes del Estado (Policías).
Solo en 2015, el exprocurador Morales acusó que en la finca San Blas el 26 de marzo de 2015 y en el cantón Los Pajales, del municipio de Panchimalco, el 16 de agosto de 2015, se “evidenciaron serios indicios de que agentes del Estado actuaron al margen de la ley”.
En junio 2016 miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS 13) con edades entre los 23 y 36 años, participaban en un velorio cuando un grupo armado llegó al cantón El Amatón- Departamento de Usulután y se los llevó del lugar, fueron masacrados.
Por su parte, el vicepresidente Óscar Ortiz aseguró en repetidas ocasiones durante 2016 que el Gobierno respalda a la Policía ante las acusaciones contra agentes de ese cuerpo por supuestamente realizar ejecuciones extrajudiciales durante operativos contra pandilleros.
“La estamos apoyando (a la Policía) y la vamos a seguir apoyando, porque es la estructura que está en la primera trinchera de combate y enfrentamiento” de las pandillas, sostuvo el vicemandatario ante periodistas.
Las declaraciones las dio mientras un grupo de seis policías elite del Grupo de Reacción Policial habían sido enviados a prisión preventiva mientras enfrentaban una investigación judicial por supuestamente ejecutar a un joven durante la masacre de san Blas, donde 8 miembros de la Mara Salvatrucha (MS13) fueron ejecutados.
De acuerdo con la Fiscalía, entre las víctimas se encontraba el joven Dennis Martínez, quien “no tenía que ver con pandillas” y fue “ejecutado”.
El fiscal general, Douglas Meléndez, señaló a mediados del año que “hubo una extralimitación de las funciones policiales, hubo una persona que no tenía que ver directamente con los hechos de los pandilleros”, y que durante el enfrentamiento “estaba encerrado en un cuarto”.
El vicepresidente Ortiz advirtió entonces de manera pública que “hay que tener cuidado de no estar culpando a priori a nuestros policías porque la reacción del GRP fue efectiva y se ocasionó un cantidad de bajas”.
