El gobierno de El Salvador pidió el martes que la ley de excepción se prolongue por un mes más, así como reformas al código penal que le permitan procesar a los delincuentes “por clica, por programa y por estructura”. Las reformas implican el endurecimiento de las penas, hasta en dos terceras partes, para los cebecillas acusados de pertenecer al crimen organizado.
“El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, entregó las tres solicitudes al presidente legislativo, Ernesto Castro, quien se comprometió a dar trámite inmediato a las iniciativas.
Esta sería la décima sexta ocasión en que se aprobaría el régimen de excepción instaurado desde el 27 de marzo de 2022, luego de un repunte de homicidios que terminó con la vida de 87 salvadoreños en menos de 72 horas.
El nuevo paquete de reformas facultarán al régimen para procesar a capturados de forma sumaria y endurecer la pena máxima de prisión en El Salvador (45 años) hasta en dos terceras partes lo que implicaría que los cabecillas de pandillas procesados con esta ley podrían enfrentar hasta 75 años de cárcel.
“En nombre del Consejo de Ministros venimos a presentar la 16ª prórroga del régimen de excepción. Tal como el Presidente Nayib Bukele lo ha mencionado, no es la democracia que nos enseñaron los gobiernos anteriores, sino que es la democracia donde el pueblo manda”, aseguró Villatoro durante la presentación de la iniciativa.
El régimen de excepción mantiene suspendidas tres garantías constitucionales de los salvadoreños, facilitando la intervención a las telecomunicaciones, la captura de personas sin derecho a la defensa y por hasta 15 días sin audiencia inicial. Además, ha sido condenado por numerosos organismos internacionales por perpetrar capturas arbitrarias, torturas y muertes en las cárceles salvadoreñas.
Desde entonces, más de 68,200 personas han sido capturadas, todas acusadas de pertenecer a pandillas, según estadísticas oficiales del Ministerio de Seguridad.
Además, Villatoro presentó un proyecto de disposiciones transitorias para procesar a más de 68,000 capturados del régimen de excepción, y acelerar las 3,200 solicitudes de imposición de medidas hechas por la Fiscalía General de la República (FGR), para agruparlas en “un poco más de 300 casos”.
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