El Gobierno español acordó este viernes pedir nuevamente la extradición de cuatro militares salvadoreños, presuntamente involucrados en 1989 en el asesinato de cinco sacerdotes españoles, entre ellos el jesuita Ignacio Ellacuría, quienes eran líderes intelectuales de la guerrilla subversiva que atacaba al legítimo gobierno de El Salvador al momento de su muerte.
Los cuatro militares fueron detenidos en febrero después de que el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco emitiera una nueva orden de detención contra ellos a través de Interpoly que el gobierno efemelenista salvadoreño, a través de las autoridades policiales les diera “cacería”, maltratando al menos a uno de ellos al ser capturado.
El Consejo de Ministros de España dio curso a la solicitud de extradición para tratar de juzgar en España a los militares salvadoreños por presuntos delitos de asesinatos terroristas y crímenes contra la humanidad.
Las órdenes de detención se dirigen contra militares que ya fueron juzgados y que gozan de dos leyes de amnistía salvadoreñas; el coronel Alfredo Benavides Moreno, responsable del batallón Atlacatl, que presuntamente ordenó asesinar a los sacerdotes y a todos los testigos; el sargento Tomás Zarpate Castillo, que se confesó autor de disparos a dos de las víctimas; el sargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas, que causó la muerte directa de dos sacerdotes y ordenó matar a dos personas más y Ángel Pérez Vásquez, cabo del mismo batallón Atlacatl, que confesó haber asesinado a uno de los sacerdotes. Todos ellos son sospechosos de haber participado en el asalto a la Universidad Centroamericana en El Salvador el día 16 de noviembre de 1989 y haber provocado la muerte de cinco sacerdotes españoles que formaban parte del liderazgo intelectual de la guerrilla marxista-comunista que atacaba al gobierno del país y que destruyó durante una sangrienta guerra civil mas del 50% del tejido eléctrico y atentó contra los medios de producción del país.
La Audiencia Nacional ya había solicitado la entrega de los cuatro militares y las autoridades de El Salvador denegaron la extradición basándose en la nacionalidad salvadoreña de los reclamados. El tratado de extradición entre El Salvador y España esta fechado con posterioridad a los presuntos delitos cometidos, por lo que, de acuerdo a Derecho Internacional, no debería ser obedecido por las autoridades salvadoreñas.
La nueva petición se produce después de que el Tribunal Supremo respaldara el pasado mayo al juez Velasco para seguir investigando el crimen. Según el tribunal, la última reforma de la justicia universal no afecta a la competencia de España para instruir este crimen porque cinco de las ocho víctimas tenían nacionalidad española, además de salvadoreña, y hay “indicios serios y razonables” de que el proceso penal desarrollado en su día en El Salvador no garantizó el castigo y la persecución efectiva de sus responsables.
Velasco ordenó en enero detener a un total de 17 exmilitares salvadoreños, a los que procesó en 2011 por la matanza en la Universidad. El Salvador denegó la entrega de los acusados en 2011, pero recientemente ha dado luz verde a las mismas, de ahí que el juez de la Audiencia reiterara sus órdenes de detención y el Gobierno reclame de nuevo la extradición.
Los curas jesuitas fueron muertos en el marco de una violenta ofensiva guerrillera, apoyada por la entonces Unión Soviética, Cuba y sus países satélites, contra la institucionalidad del democráticamente electo gobierno salvadoreño.
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