Tamara Taraciuk, directora interina para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), señaló el jueves en Twitter que «detrás» del traslado de «detenidos» al nuevo Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), el Gobierno de El Salvador «esconde negociaciones» con pandillas.
«Detrás de la puesta en escena del traslado de detenidos a una mega cárcel en El Salvador, el Gobierno esconde negociaciones con pandillas, comete abusos y concentra el poder», publicó Taraciuk.
La directora interina apuntó que «más que imitar el modelo, la región debe preocuparse por sus consecuencias».
HRW publicó también en la misma red social que «el traslado de miles de personas a una nueva mega prisión en El Salvador se produce tras las revelaciones que indican que el Gobierno negoció beneficios con las pandillas a cambio de disminuir la tasa de homicidios y obtener apoyo electoral».
Elementos y autoridades de Seguridad de El Salvador trasladaron la madrugada del 24 de febrero a 2.000 supuestos pandilleros a una nueva prisión que tiene capacidad para unas 40.000 personas, según informó en redes el presidente Bukele.
La construcción de esta prisión se dio entre críticas por parte de la oposición política del país, que ha señalado falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
A inicios de febrero, Amnistía Internacional (AI) expresó su preocupación por el nuevo CECOT y expresó su «profunda preocupación», dado que «la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos».
La construcción del nuevo recinto penitenciario se dio en el contexto de un régimen de excepción vigente desde finales de marzo de 2022 y que ha sido ampliado ya por un año, en términos de 30 días.
Hasta el momento, las autoridades reportan la captura de más de 65,000 supuestos pandilleros y colaboradores.
