Funes pidió asilo en Nicaragua por su “hermandad” con Ortega

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El expresidente Mauricio Funes, acusado de corrupción, enriquecimiento ilícito, cohecho, trafico de influencias y otros delitos, afirmó este jueves a medios nicaragüenses que su solicitud de asilo político en Nicaragua se debió a la relación que tiene con el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

“Dada mi relación con el presidente Ortega, que cultivé durante mis 5 años como gobernante (…) dada esa relación de ‘hermandad’ que tenía con él, entonces yo decidí, porque me encontraba acá”, dijo Funes a un canal de televisión local, propiedad de la familia del presidente nicaragüense Daniel Ortega.

Según aseguró Funes este jueves, buscó asilo en Nicaragua porque “grupos de poder económico” de El Salvador no le perdonan haber denunciado la corrupción en anteriores gobiernos de derecha y buscan su “muerte civil” y hasta su “exterminio físico”.

“¿Qué estoy enfrentando en estos momentos? Un proceso judicial revestido, porque en el fondo es un proceso de persecución política, donde la derecha está utilizando las instituciones del Estado para provocar mi muerte civil y de ser posible, mi exterminio físico”, aseguró Funes en una entrevista con el oficialista Canal 4 de Nicaragua.

La solicitud de asilo fue una recomendación de su partido, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ante una supuesta persecución de “la derecha” salvadoreña, aseguró el ex gobernante, quien dice ahora tener tres meses de residir en Nicaragua.

Al aceptar un delito en el que habrían incurrido varios líderes de la izquierda salvadoreña, Funes Cartagena aseguró que “Los compañeros del FMLN, ellos tenían contacto conmigo, y ellos mismos me mandaron a decir que también ellos tenían información de que si yo regresaba a El Salvador, no sólo ponía en riesgo mi integridad física, sino que seguramente iban a violar mis derechos e iba a ser capturado inmediatamente, y ellos mismos, incluso, me recomendaron que procediera a solicitar el asilo político aquí en Nicaragua”.

Funes viene reiterando la última semana que la “derecha” de El Salvador lo persigue porque su Gobierno (2009-2014) suspendió los “privilegios” que el Estado otorgaba a los grandes empresarios en su país, lo que incluyó dos denuncias por corrupción.

“No pudieron seguir ejerciendo más negocios con el Estado, ni los privilegios del pasado, eso nunca me lo iban a perdonar y no me lo han perdonado”, aseguró, sin manifestarse por todos los delitos que ha cometido y que lo mantienen en un vilo legal, mientras el fiscal general de la República, Douglas Meléndez, no actúa de oficio ente la huída del ex presidente y ha dejado abierta la puerta para que uno de los beneficiados por Funes, Miguel Menéndez “Mecafé”, goza de libertad y no se le han impuesto medidas restrictivas ante su inminente huída del país.

El ex mandatario, quien junto a su eventual pareja y tres de sus varios hijos recibió asilo político el 2 de septiembre, tras 24 horas de haberlo solicitado, es investigado penalmente en por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, abuso de poder, cohecho, trafico de influencias y otros delitos cometidos durante su gestión, un proceso derivado de un juicio civil ordenado por la Corte Suprema de Justicia debido al incremento injustificado de su patrimonio en varios millones de dólares.

La Fiscalía también lo acusa de favorecer con contratos a su amigo y empresario de seguridad privada Miguel Meléndez, por lo que allanó sus empresas y la casa del expresidente, lo que Funes catalogó como “show” político, pero no ha procedido a girar ordenes de captura para ninguno de los implicados, y se sospecha habría “filtrado” sus intenciones para facilitar la huída del país del es presidente investigado.

Funes niega que con su salida hacia Nicaragua busque “evadir la Justicia salvadoreña” e insistió en que está dispuesto a responder por los cargos, siempre y cuando se mantenga a salvo del brazo de la justicia en su nuevo país adoptado.

El expresidente junto a su hijo Diego Roberto Funes Cañas y la ex primera dama y actual funcionaria del gobierno de su sucesor y ex vice presidente, Salvador Sánchez Cerén, Vanda Pignato, son objeto de una demanda por no justificar en su declaración patrimonial, al término de su mandato, ingresos por 728.329 dólares, lo que llevó a un proceso judicial civil.

Este jueves, Funes insistió que hará frente a ese proceso judicial civil, ordenado en febrero pasado por la mayoría de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

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