Fiscalía ha sido determinante en casos contra jueces antimafia

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La Fiscalía General de la República (FGR) intervino durante un prolongado  tiempo las conversaciones realizadas entre jueces antimafia que están siendo juzgados en San Miguel, dijo una fuente del Ministerio Público.

Las intercepciones de las llamadas o escuchas telefónicas fueron autorizadas mediante orden judicial para que la Fiscalía pudiera reforzar la acusación contra tres jueces antimafia de San Miguel quienes supuestamente integraban una red  de empleados judiciales, policías y fiscales para favorecer al crimen organizado.

Los juzgadores supuestamente negociaron la libertad de pandilleros y narcotraficantes en al menos 12 procesos, dijo la fuente fiscal.

Los jueces que este lunes enfrentarán su segunda audiencia (preliminar) son: Jorge González Guzmán, quien estaba al frente del Juzgado Antimafia de Instrucción; Enrique Alberto Beltrán, propietario del Tribunal Antimafia de Sentencia; y José Rodolfo Castillo Morales, quien era su suplente.

La investigación fiscal está sustentada en las conversaciones sostenidas por los tres jueces acusados con otras personas y en las que supuestamente se negociaban resoluciones judiciales para favorecer con la exoneración de cargos penales a varios procesados por narcotráfico, homicidio y otros delitos.

Según uno de los fiscales del caso, un delincuente que era procesado habría pagado 10,000 dólares a uno de los jueces, sin especificar a quien de los tres, para que lo dejara en libertad.  Al principio, el juez le habría pedido 15,000 dólares a cambio de liberarlos de los cargos penales, pero después que una empleada judicial, que actuaba como intermediaria entre el Juez y los delincuentes terminó aceptando los 10.000. La empleada judicial también está siendo juzgada.

En la acusación, la Fiscalía asegura que entre los implicados en la red figuraban, además de los jueces, ocho abogados particulares, tres empleados judiciales, dos fiscales y un ex fiscal y 12 policías, entre éstos al jefe y siete agentes de la Unidad Antinarcóticos de San Miguel, que estarían ligados a los juzgadores procesados. A todos ellos se les acusa de gestionar pagos de dinero para favorecer a varios imputados en distintos procesos judiciales que eran ventilados en  los Juzgados Antimafia de San Miguel.