Fiscal decide priorizar caso de desplazados por “maras” en Caluco

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El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, informó a periodistas que la Fiscalía dará prioridad a la investigación del desplazamiento forzado de unas 25 familias en Caluco, Sonsonate, por amenazas de pandillas.

Douglas Meléndez vistió el miércoles un albergue habilitado por las autoridades municipales de la localidad de Caluco y en el que se resguardan unas 12 de las 25 familias que iniciaron un éxodo la semana anterior, indicó la institución en un informe para la prensa.

“Vamos a darle prioridad a la investigación que se hace por el desalojo forzado que han tenido”, aseguró Meléndez a las víctimas durante la visita en la que el ente donó “granos básicos y otros alimentos” a los desplazados.

En el encuentro, las víctimas relataron a Meléndez el drama que han vivido a causa de la violencia de las pandillas, que son acusadas por el Gobierno de mantener los altos índices de homicidios.

Llegaron “unos señores a invadir la casita de mi hijo y se la destruyeron, le quebraron todo”, contó entre lágrimas una anciana, que no fue identificada por seguridad.

Estas familias no han querido regresar a sus hogares ya que no confían en las promesas de las autoridades de que las condiciones de seguridad para que retornen están dadas.

El pasado lunes, la Policía detuvo a unos 36 pandilleros y colaboradores de pandillas que supuestamente causaron desplazamiento forzado.

En días previos a este éxodo, 40 familias de la localidad de Panchimalco dejaron sus casas también por las amenazas de muerte de estas estructuras.

Diferentes organizaciones sociales han criticado al Ejecutivo del presidente Salvador Sánchez Cerén por no reconocer ni atender a las víctimas del desplazamiento forzado.

Un estudio publicado a inicios de agosto por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) da cuenta de que esta institución recibió, entre 2014 y el primer trimestre de 2016, un total 236 casos que acumulan 427 víctimas.

En el 86,6 % de las ocasiones los desplazamientos fueron propiciados por las “amenazas, homicidio de un familiar o reclutamiento forzoso” de las pandillas.