Expectación por audiencia este lunes en contra de Mauricio Funes

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La Cámara Segunda de lo Civil señaló este este lunes 12 de septiembre como la fecha en que habrá de realizarse la audiencia preparatoria en contra del ex presidente  Mauricio Funes Cartagena, su ex esposa Vanda Pignato y uno de los varios hijos del ex gobernante, Roberto Funes Cañas. A los tres se les acusa de enriquecimiento ilícito.

En la audiencia no es necesario que Funes Cartagena, su hijo y la señora Pignato, estén presentes, sino que pueden ser representados por  sus abogados.

Tanto el ex presidente como su hijo renunciaron a su domicilio en El Salvador y a la dirección que ostentaban al momento de ser encausados después de pedir y que se les concediese asilo político en la república de Nicaragua.

El proceso contra Funes comenzó el 9 de febrero de este año cuando el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó abrirle un juicio y congelarle sus bienes, por lo que no puede alegar desconocimiento de la causa.

La Cámara inició el juicio contra los tres acusados después que estos no pudieron justificar el origen de ingresos por  728 mil dólares, suma a la que podría agregarse la de $700.000 de un mútuo constituido por Funes a favor de su amigo Miguel Menéndez “Mecafé”, cuyo testimonio fue localizado en el allanamiento a una de las propiedades de este último.

Se ignora si la tercera acusada, Vanda Pignato, asistirá personalmente a la audiencia o si lo hará por medio de sus abogados.

Funes y su hijo recibieron asilo político en Nicaragua, país al que se marcharon en momentos en que la Fiscalía inició una serie de allanamientos e incautación de bienes en casas del ex gobernante. La Cámara inició el juicio contra los tres acusados después que estos no pudieron justificar el origen lícito de ingresos por unos 728 mil dólares.

Funes ha declarado, desde su nuevo domicilio en Nicaragua, su voluntad de asistir a su defensa por los delitos que se le atribuyen pero esto es considerado por los distintos sectores del país como una burla, ya que ello implicaría renunciar a su nuevo estatus migratorio y a la protección de la que goza por parte del presidente Daniel Ortega.