Ronald Álex Gamarra Herrera es un ex fiscal anticorrupción de la República del Perú, ampliamente reconocido en su país y en Latinoamérica por su lucha contra la corrupción. Fue uno de los abogados que participó en la condena del expresidente peruano Alberto Fujimori por diversos crímenes contra la humanidad cometidos en los años 90. Actualmente se encuentra en el país para hablar sobre los desafíos en la designación del Fiscal General de la República, razón por la que concedió una entrevista a El Diario de Hoy.
En su opinión, ¿qué cualidades debe poseer la persona que aspire a ser fiscal General de la República? ¿Qué perfil deben buscar los diputados en los aspirantes?
Debe ser independiente, debe ser imparcial, debe ser objetivo. Eso nos lleva al tema del mecanismo de elección del fiscal general. Dentro de los mecanismos existentes, el peor es el del sistema político, el del nombramiento, el de designación por parte de una Asamblea Legislativa o por el Congreso, ese es el menos recomendado. Se requiere un fiscal que no le deba favores a los políticos y, en todo caso, dado que se trata de elección en un sistema político, que sepa que al día siguiente de su nombramiento, debe romper con cualquier posible lealtad que tenga con algún político o con algún partido político. En el tema personal, debe ser alguien con mucha experiencia y que tenga mucho mérito. Aquí no hablamos de la edad del personaje ni de años al interior del Ministerio Público, sino, que tenga la capacidad para liderar una institución porque yo entiendo que, salvo los delitos imputados a los aforados, básicamente la dirección del Fiscal General es el de la conducción estratégica de la entidad.
¿Qué implicación tiene para un país como El Salvador que el Fiscal General resulte electo sobre la base de negociaciones políticas y no sobre la base de una evaluación técnica del perfil o de la idoneidad de la persona que se va a escoger?
La posibilidad de la falta de imparcialidad, la posibilidad de que se orienten las investigaciones hacia determinadas personas y no respecto de otros; de algunos partidos políticos y no de otros porque, en general, la corrupción muchas veces toma por asalto a los partidos políticos. No es que los partidos políticos sean organizaciones criminales en sí mismas, sino que existe la posibilidad que dentro de las organizaciones se formen organizaciones criminales. Es muy importante que el fiscal titular no le deba lealtades a los partidos políticos ni a algún partido político en particular.
Qué recomendación le daría usted a los diputados para este proceso de evaluación que van a hacer de los diferentes candidatos? ¿Qué elementos podrían tener ellos en consideración para procurar la elección de una persona sobre la base de criterios técnicos?
Dado que el sistema existente aquí es el de elección política, lo que se podría pedir es transparencia y acceso a la participación ciudadana. Dado que no existen reglas muy específicas para la elección del Fiscal General a nivel de la Asamblea Legislativa, es posible que desde la política se entienda la posibilidad de introducir mecanismos y estándares que posibiliten una mejor elección, es decir, la posibilidad de que las entrevistas sean públicas y televisadas, la posibilidad de que no se ciñan a un mero cuestionario y que se les formulen preguntas no solo vinculadas a su experiencia, sino cómo considera a la institución. No se le puede pedir que diga cómo va a dirigir una investigación en concreto sino, cómo entiende a la institución en un proceso necesario de fortalecimiento de la democracia, de persecución de los crímenes del pasado, de investigación de criminalidad organizada, es decir, necesitamos a un estratega y no necesitamos a un simple investigador. Sería conveniente también que se invite a determinadas organizaciones de la sociedad civil para que formulen sino preguntas a los candidatos, por lo menos que entreguen información respecto de ellos y que digan estas organizaciones cómo perciben ellos este tipo de elecciones y qué reformas se plantean.
¿Considera usted importante la participación de la sociedad civil en este tipo de procesos? ¿Aparte de lo comentado, qué otras medidas puede adoptar la sociedad civil para garantizar que el proceso de elección del fiscal general concluya con la selección de la persona más capacitada para dirigir la fiscalía?
La democracia supone participación ciudadana. Por ejemplo, los ciudadanos individuales u organizados deberían instar a los candidatos a la Presidencia de la República a comprometerse con tener una fiscalía fuerte, democrática, que ejerza sus funciones libre de ataduras políticas. Podría igualmente instar a los candidatos a fiscal general a que firmen un compromiso de ser imparciales y romper con cualquier compromiso político que tengan. Es decir, podrían luego olvidarse luego de sus compromisos pero habría un documento que la ciudadanía podría utilizar para obligarlos o señalarles en su cara el compromiso que ellos en su momento asumieron.
¿Qué acciones concretas a su juicio puede emprender la sociedad civil para dar acompañamiento a la Fiscalía para prevenir los diferentes casos de corrupción que se puedan dar?
En diversos países de América Latina se cuestionan a los titulares de los Ministerios Públicos, y algunos de ellos tienen sino acusaciones, investigaciones vinculadas a presuntos actos de corrupción. Estoy pensando en el fiscal de la nación de mi país a quien un fiscal de primera instancia le imputa por ejemplo ser miembro de una organización criminal. La ciudadanía debe tener una participación para instar a que se mejoren los mecanismos de selección de los fiscales. En segundo lugar, tiene que haber un control ciudadano respecto de la actuación de los fiscales. Entiendo que aquí debe haber una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, debería utilizarse este mecanismo para saber exactamente qué, cómo y qué cosas está haciendo el Ministerio Público, que investiga y qué no investiga, cuáles son sus resultados, en qué es efectivo y en qué no. En la sociedad civil deberían formarse agrupaciones o coaliciones o las que existen deberían tener como norte el hecho de hacer una vigilancia efectiva permanente respecto del trabajo del fiscal general.
¿Qué papel juega el derecho de acceso a la información pública en el combate a la corrupción? ¿Lo considera esencial para poder prevenir casos de corrupción?
Fundamental. En términos legales, es la Fiscalía la que realiza la investigación, pero todos los ciudadanos tenemos derecho a que el Estado nos entregue la información de la que dispone, porque la información en principio es pública y siempre debe ser entregada, salvo razones muy especiales, excepcionales, debe ser entregada. Contar con información puede hacer la diferencia entre que un acto de corrupción quede en la impunidad o sea perseguido. Hay que asegurar que un ciudadano pueda acceder a la información y, por supuesto, que entidades de la sociedad civil organizadas, periodismo de investigación, pueda obtener ese tipo de información, hay que favorecer estas averiguaciones, hay que aplaudirlas, hay que criticarlas cuando sea el caso y hay que tomar las conclusiones de estas averiguaciones. Lamentablemente, por ejemplo en mi país, algunas veces o muchas veces, las investigaciones no pasan de ser eso y no hay un fiscal que tome la información de carácter público hecha por una entidad dedicada a investigación de corrupción y el asunto queda impune.
¿Qué otras medidas puede adoptar el Estado para fortalecer a una Fiscalía General de la República?
Lo primero es expresar su voluntad política, “yo presidente de la República, voy a liderar una lucha contra la corrupción y entendiendo que el Ministerio Público es el órgano del Estado encargado de la prevención y la persecución, entre otros, yo voy a acompañar en términos políticos a la entidad, yo voy a acompañar al fiscal general en sus investigaciones”. Eso a mí me parece de primerísima importancia y, por supuesto, otro tanto debe partir de los partidos políticos y los políticos en el país. Cada quien tiene que hacer su labor.
Qué consejos daría a El Salvador para que pueda fortalecer la unidad especializada de combate a los delitos de la corrupción?
Simplemente recordar la experiencia en otros lugares. La necesidad por ejemplo de crear equipos especializados en el combate a la criminalidad; lo segundo, hacer investigaciones estratégicas, establecer prioridades, en principio se debería investigar y llevar a procesos los casos de macro criminalidad, la criminalidad de alto impacto, las que tengan por foco a organizaciones criminales vinculadas a la gran corrupción y establecer equipos de trabajo integrados por personas capacitadas y que cuenten con apoyo de los superiores.
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