Hay punto de inflexión en la historia reciente de El Salvador. El 27 de marzo de 2022 se registró el día más violento del Gobierno de Bukele. Ese día fueron asesinadas al menos 62 personas y, desde entonces, la Asamblea Legislativa, con una abrumante mayoría oficialista, aprobó un decreto de régimen de excepción que faculta a las autoridades a suspender derechos como la libertad de reunión, el derecho a la defensa y la intervención de comunicaciones sin que sea autorizado por un juez.
«Suspender ciertos derechos se vuelve necesario para restituir el orden”, decía un decreto leído durante una sesión plenaria extraordinaria del oficialismo de Nuevas Ideas y sus partidos aliados satélite, GANA, PDC y PCN.
Amnistía Internacional denunció en un informe de diciembre de 2023 que el deterioro de los derechos humanos en El Salvador es «alarmante».
«La adopción de un enfoque de seguridad altamente represivo y el debilitamiento del Estado de Derecho han llevado al país a una de sus peores crisis desde el fin del conflicto armado interno”, señaló en repetidas ocasiones Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
«Una violencia se está sustituyendo por otra», asegura Piquer a periodistas, alegando que en un país donde la violencia y el terror anteriormente era ejecutado por pandillas, ahora se trasladó a manos del Estado.
«(Con) una política punitiva del Estado que está permeando todo, que se está volviendo permanente y no excepcional y que está generando vulnerabilidad para las mismas personas que antes sufrían la violencia de pandillas», agregó Piquer.
También lo denunció Human Rights Watch en un informe de 99 páginas que publicó junto a Cristosal en diciembre de 2022. La organización documentó que desde que inició el estado de excepción en marzo de ese año, se llevaron a cabo «detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y otros malos tratos en detención, así como sobre las circunstancias de las muertes bajo custodia».
«Bukele le da a la población lo que aparentemente quiere: seguridad, pero a costa de procesar, detener, violar los derechos a miles de personas que probablemente son inocentes», dijo Navas.
Desde el inicio del estado de excepción, más de 75.000 personas han sido detenidas, según cifras oficiales de enero de 2024. A mediados de 2022, hasta el 2% de la población salvadoreña mayor de 18 años, unas 100.000 personas, estaba en prisión, según una evaluación de Amnistía Internacional basada en informes de medios de comunicación.
Las detenciones arbitrarias de más de 150 personas al día, según HRW, causaron alarma entre los activistas de derechos humanos, que afirman que la justificación de algunas detenciones es insuficiente.
«Los casos incluyen a personas que fueron detenidas arbitrariamente por su apariencia física, porque tenían un tatuaje, porque estaban en un barrio específico, a una hora específica», declaró a periodistas la directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk Broner.
«No hay claridad ni pruebas de que estas personas estuvieran realmente cometiendo un delito o implicadas en esta redada masiva. Esto plantea un enorme problema para la seguridad pública».
Zaira Navas, de Cristosal, aseguró que este estado de excepción no solo ha permitido la captura de presuntos delincuentes, sino que también es una manera de hacer control social y evitar algún levantamiento.
«Con esto evita también la organización social. Este plan o esta guerra contra las pandillas que Bukele mantiene, tiene atrás el interés de generar control social y evitar cualquier protesta, cualquier levantamiento», agregó Navas.
La Presidencia de la República y la Policía Nacional Civil (PNC) no responden cuando se les pide un comentario sobre estas acusaciones, mejor acusan a la prensa independiente y no oficialista de ser «oposición».
Gabriela Santos, directora del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, dijo que en El Salvador había un «patrón constante y sistemático» de violaciones a los derechos humanos, que incluían, entre otros, «desaparición forzada de corta duración».
«Hay un lapso donde la familia no tienen idea donde están sus familiares, dónde se encuentran detenidos, si están detenidos y, lo peor, si continúan con vida», dijo Santos en una entrevista a CNN en agosto pasado.
«Hay casos en los que sí se reconoce que la persona ha sido detenida; sin embargo, esta fallece dentro de las cárceles y es notificada no de forma oficial, sino lamentablemente a través de funerarias o de otra manera, lo que realmente es una afrenta y un sufrimiento muy grande para las familias, sobre todo cuando se trata de personas inocentes», aseguró.
Bukele ha defendido su política de seguridad porque afirma que ha reducido los niveles de violencia. También ha criticado a los detractores de sus métodos al asegurar que resguardan los derechos de los delincuentes y no los de la población honrada; el argumento de todo buen aprendiz a dictador.
