Van a cumplirse cuatro días desde que el mediador de la llamada tregua entre pandillas, Raúl Mijango y otras 17 personas, fueron capturadas por la Policía en cumplimiento de una orden emanada de la Fiscalía General de la República. Entre los capturados figuran un alto jefe y dos oficiales de la Policía, tres oficiales del ejército, tres exdirectores y dos directores de la Dirección de Centros Penales y nueve profesionales del Consejo de Criminología.
Los delitos por los que serán acusados, agrupaciones ilícitas, tráfico de objetos prohibidos en centros penitenciarios, actos arbitrarios, incumplimiento de deberes y falsedad ideológica. Algunos de estos delitos no existían antes de las últimas reformas al Código Penal y los que ya existían han prescrito por su efecto en el tiempo y dejaron de ser sujetos de acción penal.
De ocurrir lo que ya es un secreto a voces es muy fácil vaticinar que la mayoría de los indiciados serán puestos en libertad dentro de muy poco tiempo a pesar del enorme esfuerzo realizado por el señor Fiscal General de la República. Posiblemente solo queden detenidos aquellos a quienes se les atribuya el delito de peculado siempre y que el juez que conozca se quiera correr el riesgo o de echarse el trompo a la uña como se dice popularmente.
Decimos que siempre y que se quiera correr el riesgo porque la figura del peculado es muy compleja teniendo en cuenta que los famosos dos millones de dólares que supuestamente fueron sustraídos de las tiendas penitenciarias ya fueron restituidos por el mismo Estado.
El término peculado se emplea en el ámbito del derecho penal cuando una persona se queda con dinero o fondos que pertenecen al Estado y que circunstancialmente debía administrar lo que no es el caso. Si a esto agregamos que el Estado pagó a los acreedores el faltante de los dos millones, tenemos para rato.
Lo anterior nos lleva a formular la siguiente pregunta: qué es lo que se pretendía con o lo que se pretende con judicializar un caso que a todas luces va a quedar cerrado, sin reos y sin culpables.
Solo nos queda plantear una hipótesis maquiavélica, en el buen sentido de la palabra, de lo que se trata en el fondo es de proteger al ministro de la defensa, David Munguía Payés y al ex presidente de la República Carlos Mauricio Funes Cartagena de la responsabilidad constitucional en la que pudieron haber incurrido con la planificación y ejecución de la famosa tregua entre pandillas. Esa responsabilidad no ha prescrito.
Siguiendo esa hipótesis podríamos decir que se trata de deslegitimar testimonios que podrán darse en futuro cercano, caso alguien se atreva a denunciar legalmente al ex presidente Funes, al general Munguía Payés y a quienes les acompañaron en la aventura de la tregua.
Ojalá y nos equivoquemos porque el Fiscal Douglas es un funcionario bien intencionado y no merece que lo expongan de esa manera.
