Con capacidad para 40.000 personas, la prisión «más grande de América”, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), cumple seis meses.
La cárcel, que fue comparada por un juez que pidió el anonimato a periodistas con un Campo de Concentración, comenzó a recibir reos el 24 de febrero de este año, la mayoría acusados de pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18.
“Aquí estamos perseverando día con día, tratando de cambiar con ayuda de nuestro Dios”, alcanzó a decir a periodistas desde el interior de una celda José Urquilla Bonilla, de la pandilla Barrio 18.
Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros. La ONU denunció que entre las decenas de miles de detenidos hay al menos 1.600 menores de edad.
La mayoría de los presos están acusados de pertenecer a la Mara Salvatrucha y Barrio 18, nacidas en calles de la ciudad estadounidense de Los Ángeles a principios de la década de 1980.
“Cuando uno es niño, cualquiera le miente y lo endulza, uno cae en un error, y cuando uno ya va creciendo (…) se viene a dar cuenta”, dijp otro prisionero, Nelson Velásquez, un preso de 37 años que tiene tatuado en su cabeza “MS-13″ (Mara Salvatrucha).
Velásquez habló durante una visita que el comisionado de Derechos Humanos de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, y la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, realizaron a la megacárcel.
“Aquí estamos perseverando día a día”: de cráneo rapado, tatuados a veces hasta la cabeza, más de 12.000 presuntos pandilleros de El Salvador conviven en la megacárcel inaugurada por el presidente Nayib Bukele.
En cada celda de unos 100 metros cuadrados conviven de 60 a 75 reclusos que disponen de dos inodoros y dos piletas con agua corriente para el aseo, así como dos recipientes con agua para beber.
Con las manos amarradas, vistiendo como el resto de los prisioneros camiseta, pantalón corto y máscara de un blanco impecable, Velásquez dice que ya pagó dos condenas por diferentes delitos que sumaron 15 años, pero ahora aguarda un nuevo proceso, una técnica aplicada port la Fiscalía General de la República (FGR) con fines propagandísticos.
En El Salvador, los presos «nunca pagan su deuda a la sociedad».
Los pabellones del presidio tienen un techo curvo que garantiza la ventilación natural para los presos, además de tragaluces para filtrar los rayos del sol hacia un patio que separa las celdas.
La cárcel fue construida para recluir parte de los más de 72.000 pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción decretado en marzo de 2022 por el Congreso a instrucciones de Bukele.
8 pabellones se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2,1 kilómetros de extensión, protegido por alambradas electrificadas.
“La comida no es suficiente”
Tras conversar con internos de diferentes celdas, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo que los reclusos se quejaron de que falta comida.
“Se quejan que la comida no es suficiente” y “que están en ocio, no hacen nada porque pasan encerrados”, comentó Caballero a periodistas.
El penal cuenta con comedores, salas de descanso, gimnasio y mesas de ping pong, pero solo para uso de los guardias. El resto son condiciones infrahumanas para los prisioneros. También hay “celdas de castigo” oscuras, sin ventanas, para sancionar a reos de mala conducta, no importa si fallecen.
Hay salas para audiencias judiciales virtuales para que los presos no tengan que salir de la prisión. Tampoco pueden recibir la visita de la familiares.
Durante la visita al presidio, el comisionado Guzmán preguntó a los internos sobre su situación en las celdas y la mayoría dijo que el agua “no falta”, pero pidieron escobas y detergente para el aseo.
Un médico, empleado del Centro, aseguró que “a diario” se toman muestras de agua que son enviadas a laboratorio para garantizar su calidad, una acción que nunca antes fue tomada por los Centros Penitenciaros del país.
Varios presos reclamaron medicamentos para quienes padecen enfermedades terminales.
“Hay mucho, mucho, mucho más trabajo que hacer desde el punto de vista de derechos humanos por ellos, pero lo estamos haciendo bien”, dijo el comisionado Guzmán. Sostuvo que los presos “están en condiciones dignas”.
La ONG de Derechos Humanos Cristosal registra 174 muertes de detenidos bajo custodia del Estado luego de repetirse el régimen de excepción 17 veces, al que calificó como “una medida permanente de represión y violaciones a los derechos humanos”. La ONU pidió investigar estas muertes.
La procuradora aseguró que la prisión cuenta con un equipo médico de 50 personas entre enfermeras y médicos.
