Ejecutivo aprovecharía situación para obtener paquete de $900 millones que le han detenido

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Salvador Sánchez Cerén pidió hoy a los principales partidos políticos del país el respaldo para desplegar a la Fuerza Armada en el Gran San Salvador para dar seguridad a transportistas amenazados por pandillas, que han forzado un paro del servicio.

El mandatario reveló que en las próximas horas los principales partidos políticos del país y el Gobierno se reunirán para abordar “la agresión de las pandillas”, en donde realizará formalmente dicha petición.

“Los partidos políticos se van a reunir para abordar el tema de la agresión de las pandillas de donde van a salir una serie de sugerencias (…) y le he pedido a mi representante que se aborde lo relacionado a que nos den el respaldo para que la Fuerza Armada pueda desplegarse en el Gran San Salvador”, dijo Sánchez Cerén.

El Gran San Salvador incluye la capital y otros municipios circundantes como Soyapango, Apopa, Mejicanos, Ciudad Delgado y otros que forman parte de la lista de municipios más peligrosos de El Salvador.

Nuevamente el polifacético comisionado presidencial de Seguridad, Franzi Hato Hasbún, será su delegado en dicha reunión.

SC no detalló el número de efectivos que se desplegarían y que se sumarían a los más de 6.000 reservistas que patrullan las calles del referido país.

El cien por ciento de la Policía Nacional Civil está acuartelada.

“Este Gobierno está empeñado en garantizar su seguridad, para garantizar sus actividades en plena normalidad”, concluyó.

Sin embargo, una fuente del partido oficialista en la Asamblea Legislativa confirmó a diariolatino.net que en la reunión, el Ejecutivo pretende forzar a la oposición para que autorice de manera emergente el paquete de endeudamiento del país por unos $900 millones de dólares que se encuentra retenido por una sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

La fuente no confirmó el mecanismo que utilizaría el oficialismo para pasar dicho endeudamiento por encima de la resolución de la Sala o si se haría con nuevo endeudamiento.

La Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra la aprobación de $900 millones en deuda y títulos valores, por la Asamblea Legislativa en abril pasado, en una accidentada sesión plenaria.

La resolución además prohíbe al ministro de Hacienda y al Banco Central de Reserva –quien actúa como agente financiero del gobierno– “realizar toda operación que guarde una relación directa o indirecta con la emisión y colocación de títulos valores de crédito a que se refiere el decreto impugnado en el mercado nacional o internacional, lo que incluye la cancelación de los costos que demande la operación autorizada y la fijación de fechas y montos que correspondan a los títulos”.

Según la demanda incoada en la Sala, se argumenta que la aprobación de los $900 millones violó tres artículos de la Constitución y se vulneró la exigencia constitucional según la cual el proyecto de ley desechado o no ratificado no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses; y por infracción al proceso de formación de ley.

El partido en el gobierno FMLN y sus aliados arremetieron contra la Sala de lo Constitucional.

El primero en atacarlos fue el mismo presidente Salvador Sánchez Cerén durante la concentración de los sindicatos oficialistas por el Día del Trabajo el 1 de mayo.

Los dirigentes del FMLN han realizado movilizaciones y actividades en la calle desde la fecha, que incluyeron llegar a la sede de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para protestar.

Según la misma fuente legislativa, es muy difícil que el Ejecutivo desperdicie la oportunidad de aprovechar la angustia ciudadana y la opinión pública para sacar “raja política” y financiar sus proyectos aprovechando la emergencia actual.

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