El gobierno estadounidense intensifica abiertamente sus esfuerzos para encontrar y deportar a las personas que entraron de forma ilegal al país en 2014, durante una oleada de cruces de menores no acompañados y familias procedentes mayormente de Honduras, Guatemala y El Salvador.
Esta iniciativa sigue a casi dos años de advertencias de que los inmigrantes que no fuesen autorizados a quedarse en Estados Unidos serían devueltos a sus países. Y se produce en un momento en que los aspirantes a la nominación presidencial del Partido Republicano presionan para que se tomen medidas más firmes en materia de inmigración
Responsables de Seguridad Nacional siguen de cerca lo que sucede en la frontera desde que más de 68.000 menores no acompañados por adultos y una cantidad similar de familias fueran pilladas ingresando al país de forma ilegal en 2014. La decisión de reforzar los controles para contener el flujo de menores y de familias se produjo en medio de una nueva oleada de llegadas de este tipo de migrantes.
Iniciativas anteriores para frenar los cruces ilegales parecieron funcionar inicialmente, ya que el número de niños y familias que accedieron por esta vía a suelo estadounidense bajó alrededor de un 40% entre 2014 y 2015. Pero la cifra volvió a crecer en el segundo semestre del año pasado. Al mismo tiempo, los tribunales designados para atender casos migratorios sufrieron un retraso de más de 474.000 casos de menores migrantes que viajaban solos.
Ahora, el gobierno de Barack Obama, está resaltando sus esfuerzos para encontrar y deportar a las familias y a aquellos menores que ahora son adultos para devolverlos a casa. El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, destacó el trabajo de su departamento con las deportaciones.
Uno de aquellos niños no acompañados que ahora son mayores de edad y están buscados por el servicio de inmigración es Wildin David Guillén Acosta, de 19 años. Llegó a Estados Unidos desde Honduras viajando en autobús, auto y a pie después de que un miembro de una pandilla amenazase con matarlo.
“No salía por la noche. El me llamaba y decía: ‘Te voy a matar, te voy a matar”’, dijo Acosta. “Se lo conté a mi madre y ella me dijo que viniese a Estados Unidos”.
Acosta, que habló desde un centro de detención de migrantes en una zona rural de Georgia, dice tener miedo de regresar a su país.
“Tengo miedo, no quiero regresar. Hay mucha violencia, mucha muerte”, manifestó. “Te matan por un teléfono, ¿cómo es posible?”.
Su madre, Dilsia Acosta, dijo que su hijo llegó a Estados Unidos en junio de 2014, en el punto álgido de la oleada de niños migrantes que entraron al país. Su padre, Héctor Guillén, llegó al país también de forma ilegal en 2005, y su madre hizo lo mismo en 2013. Wildin Acosta fue arrestado en enero después de que un juez dictaminase que debía ser deportado.
Wildin Acosta, que desde su llegada a North Carolina iba a la escuela y trabajaba, espera ahora obtener asilo. Pero las perspectivas no son buenas en vista de que tiene una orden de deportación pendiente.
Defensores de los derechos de los migrantes se han unido en torno al caso de Wildin Acosta y otros y presionan al gobierno para que reconsidere su política.
Pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (conocido por sus siglas en inglés, ICE) no da marcha atrás.
Desde octubre, más de 800 migrantes que llegaron al país como menores no acompañados han sido devueltos a sus naciones de origen, según las estadísticas del departamento. Otros en esta situación y con órdenes de deportación pendientes fueron detenidos con miras a su expulsión de suelo estadounidense.
El director de operaciones de deportación del ICE Tom Homan declaró ante el Congreso en febrero que sus agentes llevan a cabo una intensa campaña de persecución de jóvenes que vinieron solos siendo menores y de familias.
Ap