EE.UU preocupado por orden de captura contra expresidente Cristiani, Rubén Zamora y otros

El requerimiento judicial es por haber legislado por la Amnistía que confirmó La Paz entre lo salvadoreños luego de décadas de conflicto armado

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El Gobierno de Estados Unidos expresó el martes su preocupación por las órdenes judiciales de detención emitidas en el país contra el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y los directivos del Congreso en 1993, entre ellos Rubén Zamora, un crítico del Ejecutivo de Nayib Bukele.

Washington expresó «su profunda preocupación por la decisión tomada el pasado 22 de diciembre por un tribunal de instrucción de emitir órdenes de arresto contra exdiputados miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa en 1993 (…) así como contra el expresidente Alfredo Félix Cristiani», indicó un breve comunicado dado a conocer por la Embajada estadounidense en El Salvador.

Dicha resolución fue emitida por la jueza Mirtala Portillo en el proceso por la masacre de El Mozote, y en la que se ordenó prisión provisional contra los exfuncionarios por supuestamente encubrir a los mandos militares con una ley de amnistía. El Gobierno estadounidense agregó en la misiva que «las víctimas de la masacre de El Mozote merecen justicia después de 42 años», pero «lamentablemente, esta sentencia no ayuda a ese objetivo».

En tanto, un grupo de organizaciones civiles de El Salvador exigió que se retire la orden de detención provisional contra Zamora, también excandidato presidencial en 1994, al considerarla como un intento de «callar» a la sociedad.

Diversos actores y la familia de Zamora han señalado que es víctima de «persecución política» y que la referida ley no fue firmada ni apoyada por él.

La ley de amnistía y la masacre de El Mozote

En 1993, poco antes de que una Comisión de la Verdad de Naciones Unidas revelara su informe sobre violaciones a derechos humanos durante la guerra civil (1980-1992), la Asamblea Legislativa promulgó una ley de amnistía con el fin de detener definitivamente el derrame de sangre entre salvadoreños, tanto insurgentes armados como los miembros de la institucionalidad democrática, que fue declarada inconstitucional en 2016 por la Corte Suprema de Justicia.

Esta ley mantuvo cerrado el proceso por la masacre de El Mozote y se reabrió con la anulación.

La guerra civil salvadoreña (1980-1992), que enfrentó al Ejército con la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), causó unas 75.000 muertes, miles de desaparecidos y cientos de masacres contra guerrilleros y sus colaboradores, atribuidas a los militares y la masacre de población civil sin defensa, alcaldes y las personas que no deseaban ingresar a las sangrientas filas de los guerrilleros comunistas.