La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense anunció el viernes sanciones a personas y empresas del mundo por corrupción y abusos a los derechos humanos —unos 40 individuos y organizaciones de nueve países, entre los que figuran El Salvador, Guatemala, Irán, Rusia y China, vinculados con la corrupción y los abusos de derechos humanos.— en el Día Internacional Contra la Corrupción.
En virtud de que «la ley Global Magnitsky sobre Responsabilidad de Derechos Humanos», autoriza al presidente de EE.UU. a bloquear o revocar visados de ciertos ciudadanos extranjeros se imponen sanciones.
Entre los designados por Washington están el ministro de Trabajo, Rolando Castro, por «corrupción y malversación de fondos» y Conan Castro, secretario jurídico de la Presidencia de El Salvador, por supuestamente haber obstruido las investigaciones por malversación de fondos durante la pandemia y haber usado el cargo en beneficio personal.
“OFAC está designando a Castro Ramírez y Castro de conformidad con E.O. 13818 por ser personas extranjeras que sean funcionarios gubernamentales actuales o anteriores, o personas que actúen en nombre o representación de dicho funcionario, que sean responsables o cómplices, o hayan participado directa o indirectamente en actos de corrupción, incluida la apropiación indebida de bienes del Estado , la expropiación de bienes privados para beneficio personal, la corrupción relacionada con contratos gubernamentales o la extracción de recursos naturales, o el soborno”, señala la OFAC en un comunicado difundido la mañana del viernes.
“Conan Tonathiu Castro Ramírez, durante su mandato como Secretario Legal Presidencial, obstruyó las investigaciones sobre la apropiación indebida de fondos públicos durante la respuesta del gobierno a la pandemia y usó su cargo para obtener ganancias financieras personales”, señala la Oficina.
Con respecto al ministro del Trabajo, la OFAC dice que “Oscar Rolando Castro incurrió en actos de corrupción y malversación de fondos públicos para su beneficio personal”.
“Como Ministro, Rolando Castro usó su cargo para influir en los sindicatos para que se alinearan con los intereses políticos del Ministerio del Trabajo y participaran en actividades que lo beneficiaran a él y a sus aliados políticos a fin de recibir un procesamiento acelerado de sus credenciales. Algunos de los que aceptaron recibieron beneficios adicionales, como acceso favorecido para viajes internacionales, mientras que algunos de los que se negaron a alinearse con Castro enfrentaron hostigamiento, represalias y demoras en la certificación sindical”, señala la OFAC.
Los dos funcionarios habían sido incluidos por el Departamento de Estado norteamericano en la llamada “Lista Engel”, en julio del año pasado, junto a otros 12 políticos, funcionarios y exfuncionarios salvadoreños por haber cometido actos de corrupción, obstruir investigaciones y dañar las instituciones democráticas.
El gobierno de John Biden aplica un decreto de la presidencia de Donald Trump basado en la Ley Magnitsky de Rendición de Cuentas por los Derechos Humanos como autoridad para aplicar las sanciones.
“A lo largo del año, el Tesoro ha combatido la corrupción y los abusos graves de los derechos humanos como alta prioridad”, dijo el subsecretario del Tesoro para el Terrorismo y la Inteligencia Financiera, Brian Nelson, en un comunicado. “Al denunciar la conducta escandalosa de estos actores, podemos ayudar a desbaratar sus actividades, desarmar sus redes y quitarles recursos”.
