Las 17 familias de desplazados refugiadas en la localidad de Caluco, en el departamento de Sonsonate, comenzaron a abandonar el viernes un albergue habilitado por la municipalidad por presiones de la Policía Nacional Civil (PNC), denunció la alcaldesa Blanca Orellana a periodistas.
“Ellos están siendo presionados también por la PNC para que regresen a sus hogares” bajo el argumento de “que hay seguridad allá. Yo no los estoy sacando”, aseguró Orellana.
La alcaldesa de Caluco dudó de la seguridad de los habitantes cuando regresen a sus viviendas, ya que los cantones aledaños al sitio afectado continúan bajo el control de las pandillas, puesto que fueron detenidas 39 personas, consideradas responsables del éxodo, y entre ellas solo se encuentra un cabecilla.
“De las 39 personas detenidas solo hay un líder, uno sabe que son 8 cantones (los que rodean el municipio) y son 8 líderes” de la pandilla Barrio 18, ¿dónde están los demás?”, añadió.
Orellana también desmintió la versión dada a periodistas por el subcomisionado Hugo Bonilla, jefe de la PNC del departamento de Sonsonate, de que la alcaldía solicitó a los desplazados que abandonen el sitio por falta de recursos para mantener el albergue.
“No señor, ellos han tenido presión de la Policía, y nunca les ha faltado comida de parte de la Alcaldía y otros altruistas”, pese a que “durante 3 meses no hemos recibido el FODES (fondo extraordinario entregado por el Ejecutivo a los municipios)”, acotó.
Bonilla expuso que las familias abandonan el lugar por las “garantías de seguridad” que les da la Policía y “también porque la alcaldesa les ha solicitado que vayan regresando (a sus hogares) por cuestiones de recursos”.
Para la jefa del gobierno local de Caluco las presiones policiales están en la línea de restarle importancia al fenómeno de los desplazados en el país, mismo que ha sido criticado por organizaciones de la sociedad civil.
“Tener un albergue por la inseguridad (…) es un bofetada (para el Gobierno), porque están hablando de la seguridad en las ciudades y ahí tenemos el albergue de la gente que ha salido por la inseguridad”, destacó.
También aseguró que desde el 18 de septiembre que fue habilitado el albergue no han recibido “ninguna ayuda” del Gobierno.
Estas 17 familias forman parte de las 25 que abandonaron sus hogares a mediados de septiembre, originalmente, en el refugio se albergaron 20 familias, pero esta semana 3 regresaron a sus hogares.
Diferentes organizaciones sociales han criticado al Ejecutivo del presidente Salvador Sánchez Cerén por no reconocer ni atender a las víctimas del desplazamiento forzado.
La experta en el tema de desplazamiento forzado Celia Medrano calificó al Estado salvadoreño de “irresponsable y cínico” en su actuación frente al fenómeno.
La Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado, a la que pertenece Medrano, atendió entre agosto de 2014 y agosto de 2016 un total de 234 casos de desplazamiento forzado con 1.019 víctimas, en su mayoría mujeres, adolescentes y niños.
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